El Acuerdo San Juan que comenzó a trabajar en mesas sectoriales el 1 de julio tiene dos finales posibles: convertirse en un gran foro donde se diluyan las palabras o una fuente concreta de medidas público/privadas, una suerte de manual para salir de la pandemia con la mayor entereza posible. Esta segunda hipótesis es la gran apuesta del gobierno provincial. 

Por supuesto, para que funcione tendrá que contar con el inestimable compromiso de los grandes actores de la economía cuyos intereses particulares no siempre coinciden con los colectivos. Arbitrar esas tensiones será la consigna en las próximas semanas. Especialmente en el sector financiero.

El 18 de junio, cuando el gobernador Sergio Uñac hizo la presentación oficial del acuerdo, el presidente del Banco San Juan recogió el guante. "El sector financiero está comprometido con el sector productivo, de investigación, social y para dar herramientas a lo que vendrá", dijo Sebastián Eskenazi. Si así fuera, el diálogo podrá avanzar sin obstáculos.

Pero el compromiso aludido por el banquero tiene varios asteriscos. Hubo situaciones complejas, que dejaron afuera del mapa a muchas pymes y micropymes. Acceder a un crédito, incluso los que tienen tasa subsidiada por el Estado, terminó siendo una ilusión inalcanzable por los requisitos formales. Tanto es así que el gobierno terminó lanzando una línea de financiamiento por fuera de los bancos para auxiliar a los comerciantes jaqueados por la cuarentena.

Si hubo que esquivar a las entidades financieras es porque en esta coyuntura de emergencia, no se acomodaron lo suficiente. Sin valorar intenciones, ajustándose a los hechos, el auxilio tuvo que saltar las exigencias incompatibles con la realidad de la pandemia. Hoy se abre una enorme oportunidad para enmendar las cosas.

En Banda Ancha, la ministra de Hacienda, Marisa López, dijo que quiere propuestas concretas en esa mesa financiera que le toca coordinar. Permitirá que hablen los bancos por primera vez, a ver hasta dónde son capaces de llegar en su compromiso con las sanjuaninas y los sanjuaninos.

Los bancos atraviesan el sistema transversalmente, desde las grandes empresas hasta los trabajadores formales y las personas en situación de vulnerabilidad que reciben algún beneficio del Estado. Por el distanciamiento social, incluso quienes no contaban con una caja de ahorro tuvieron que gestionarse un CBU. La vida pasará cada vez más por el home-banking y los cajeros automáticos. Rebelarse en contra de esa realidad sería bastante inútil.

La expectativa del gobierno uñaquista es que los bancos sean capaces de proponer herramientas para la producción, para la generación de empleo genuino. Pero dependen de casas centrales que están en Buenos Aires o incluso fuera del país. También obedecen a las regulaciones del BCRA. ¿Qué margen les queda a las sucursales sanjuaninas? Por el momento es una pregunta sin respuesta. 

El Banco San Juan aparece con mayor responsabilidad por tratarse de la entidad financiera con participación del Estado, por donde se canaliza la mayoría de los salarios, jubilaciones y beneficios de la seguridad social en general. El compromiso de Eskenazi no puede ser puramente declamativo.

En rigor de verdad, esta ess la primera vez que se involucra a los bancos en una mesa de consenso. Ahora desde el Gobierno esperan que haya una respuesta acorde. Pero la expectativa mayor estará en la siguiente ronda, cuando se crucen los sectores. Ahí aparecerán seguramente los reproches de las pymes por las condiciones incumplibles. Y los reclamos de las amas de casa por las colas eternas para acceder a un cajero automático. 

El Acuerdo San Juan está diseñado para que fluya orgánicamente. Que los intereses se vayan superponiendo. Que aparezcan las incomodidades. Los pases de factura. Casi que el gobierno actuará de observador y de árbitro. Los bancos tendrán que acomodarse a los tiempos que vendrán o hacerse cargo del costo social de su indiferencia. Tienen una oportunidad única.


JAQUE MATE