Ha sido ingrata la tarea de la ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López, aún a la hora de presentar una buena noticia. Un aumento salarial para la totalidad de los estatales es definitivamente un anuncio positivo. O debiera serlo. A pesar del esfuerzo, habrá gestos de inconformidad básicamente porque la inflación no da tregua y la carrera parece cada vez más llena de obstáculos.

Sumarle cuatro puntos al aumento de sueldos estatales dispuesto para enero, llevándolo del 7 al 11 por ciento, fue la respuesta oficial ante un pedido totalmente diferente hecho por los sindicatos. Presionados por las bases, los secretarios generales formalizaron la solicitud de un bono. Esto es, billete sobre billete ahora, para ayudar a Papá Noel y aliviar el impacto de la mesa navideña en los bolsillos.

Hacienda ajustó el lápiz. No solo sostuvo el pago de salarios en tiempo y forma sino que liquidó y abonó el medio aguinaldo antes de la Nochebuena. El efecto se vio en la altísima concurrencia al microcentro y los principales paseos de compras por estos días. Aún así, siguieron llegando noticias incómodas para el gobierno provincial desde Nación.

Se confirmó el bono para jubilados y pensionados del segmento inicial, de más bajos ingresos, por 8.000 pesos. Hasta los empleados del Congreso de la Nación embolsarán un bono de 22.000 pesos luego de un acuerdo entre Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Hacerlo en San Juan habría resultado riesgoso, según dijo la ministra López.

Erogar otra suma voluminosa en diciembre hubiera puesto en riesgo el equilibrio fiscal con que terminará 2021. Así lo explicó un poco después de hacer el anuncio, en entrevista con Banda Ancha. Por eso operó una alquimia contable para patear el impacto hasta enero. El saldo igualmente fue llamativo y motivo de repercusión nacional. Los estatales sanjuaninos cerrarán el año con un acuerdo salarial del 69 por ciento, contando esos 11 puntos adicionales para enero.

En números duros, los estatales deberían celebrar las mejores fiestas de sus vidas, porque el acuerdo salarial quedó casi 20 puntos por encima de la inflación acumulada en los últimos 12 meses. Según el INDEC, de noviembre a noviembre el índice de precios al consumidor subió el 51,2 por ciento. Pero la contabilidad y las estadísticas poco influyen en las expectativas. Sobre todo en un final de año teñido de incertidumbre por factores que escapan absolutamente a lo provincial.

Lo reconoció la ministra López. El boicot al Presupuesto Nacional 2022 dejó a la provincia con una merma de recursos estimada en 5.900 millones de pesos, de acuerdo a sus cálculos preliminares. Frente a esa estimación, está la promesa política del presidente Alberto Fernández a los gobernadores, incluído Sergio Uñac, de que a nadie le faltarán recursos. Pero todo esto que debía quedar regulado por la ley de leyes, ahora dependerá de una cadena de decretos de necesidad y urgencia. Está muy lejos de ser lo ideal. 

Faltaba más. La Cámara de Diputados acaba de darle media sanción a un alivio a los contribuyentes del impuesto a los bienes personales y eso también podría incidir negativamente en la coparticipación. La titular de Hacienda observaba con preocupación esa novedad de última hora.

Mientras tanto, los líderes sindicales tuvieron que contener el malhumor de los afiliados y hacer propio un reclamo que en principio no aparecía en su radar. Para los gremios estatales, al menos la mayoría de ellos, el acuerdo salarial es muy bueno porque los deja por encima de la inflación. Más aún si comparan la situación de San Juan con la de otras provincias, hoy muy complicadas por la escasez de fondos.

El pedido de un bono navideño no es pura voracidad o ambición.  Parte de la cruda realidad inflacionaria que estalló durante el gobierno de Mauricio Macri y se prolongó más allá de lo tolerable durante la gestión de Alberto Fernández, pandemia mediante. El Presupuesto 2022 que volteó la oposición en el Congreso Nacional decía que el año próximo debería sentirse una fortísima reducción en la escalada de precios. Para Juntos por el Cambio, la proyección del ministro Martín Guzmán tuvo más de dibujo artístico que fundamento técnico.

Para el ministro de Economía de Nación, la inflación de 2022 será de alrededor de 30 puntos. Si fuera cierto, eso implicaría una drástica caída con respecto a los tres últimos años, con valores del orden del 50 por ciento. Una barbaridad a la que afortunadamente nadie se termina de acostumbrar. Es insostenible.

Según el INDEC, de noviembre a noviembre los alimentos sufrieron un aumento del precios del 50 por ciento. Pero las prendas de vestir y calzado, otro gasto indispensable para cualquier familia, treparon el 62 por ciento. Los valores de la salud se encarecieron el 59 por ciento. Tomando estos tres rubros Cuyo está incluso por encima del promedio nacional. Una locura.

Entonces no. No es avaricia el planteo de los estatales. Como tampoco lo sería el pedido legítimo de los trabajadores del sector privado, a menudo menos protegidos que la administración pública. La recuperación es todavía muy incipiente y desigual, dependiendo del sector. Hay una comprensión, un acuerdo bipartito. Si se aprieta demasiado la cuerda, sobreviene el cierre. Y nadie quiere perder la fuente de ingresos. Ni el empresario pyme ni su personal.

En esa mirada, los estatales han superado cualquier otro convenio privado. Todavía tienen salarios básicos bajos y por eso el impacto de los incrementos es ínfimo. Aún así pudieron darle una pelea más pareja a la inflación que muchos otros sanjuaninos y sanjuaninas asalariados en el sector privado. Ni qué decir la inmensa cantidad de emprendedores o cuentapropistas que sufrieron el 'quedate en casa' y no logran todavía salir a flote.

Es paradójica esta víspera de fiestas de fin de año. El anuncio de aumento de salarios debió ser una muy buena noticia. Salvo que los números no siempre contienen la realidad social. Apenas permiten seguir adelante. Y esperar lo mejor.


JAQUE MATE