Es la crónica de un conflicto anunciado. El sábado pasado aquí en Canal 13, un grupo de cuidacoches, lavacoches o simplemente trapitos, se manifestó delante de las cámaras para reclamar que la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y la Policía les permitan continuar con su actividad en las calles. Algunos incluso llegaron a utilizar una controversial comparación con las detenciones ocurridas en la dictadura, para cuestionar la intervención de la fuerza de seguridad en el caso de ellos.

Su argumento es bastante sencillo de comprender. Sin lugar para la inserción laboral en el mercado formal, encontraron en las calles una fuente de ingreso para sostener a sus familias. El cobro de un arancel "a voluntad", por la vigilancia autoadjudicada de los espacios públicos más algún servicio conexo como lavar el vehículo estacionado, les permite sumar lo suficiente. Mucho más que un becario municipal, cuya remuneración ronda los 7000 pesos. 

Por eso, en las sucesivas reuniones mantenidas entre los trapitos y el secretario de Gobierno de Capital, Horacio Lucero, la oferta de desplazarlos de las calles a cambio de darles una beca municipal no les cerró por ningún lado. El diálogo no está agotado, pero está llegando a un punto muerto. La decisión oficial del intendente Emilio Baistrocchi es ordenar las calles. Y eso no es compatible con la presencia de los trapitos. Encontrar un término de convivencia parece bastante improbable a esta altura de los acontecimientos.

Desde ese lugar, fue comprensible que los afectados salieran a manifestarse con tono beligerante. No lo fue tanto, que utilizaran un lenguaje marcadamente político. Reiteraron con sugestivo interés aquello de que "esto se parece a la dictadura". La desmesura de la comparación puede ser interpretada como producto de la desesperación. O, en el peor de los casos, como la huella de alguna mano que los hubiera entrenado e instruido para instalar semejante terminología.

Por supuesto que en pleno estado de derecho, no cabe siquiera considerar la figura dictatorial. Primero, porque falta el respeto a la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado. Segundo, porque están dadas las garantías incluso de que se visibilice el conflicto, a través de este medio de comunicación. Tercero, porque hay una legislación vigente que prohibe expresamente su actividad. En consecuencia, desde la autoridad municipal, hasta la Policía y finalmente la Justicia, están obligadas a intervenir. Salvo que la decisión sea hacer la vista gorda, como sucedió en incontables oportunidades.

Pero dejando de lado la chicana, porque no merece el malgasto de energía, queda en la superficie el verdadero problema, el que genuinamente merece ser escuchado. Es el que se refiere a la crisis económica y social, que empujó no ahora sino hace años a muchas personas a "punguearle a esta vida amarreta un ramo de sueños", como dice la canción. Son desocupados sin chance de encontrar empleo formal, sea por su falta de capacitación y entrenamiento o porque simplemente ya superaron la barrera de edad permitida por el mercado impiadoso. En una sociedad indolente, se volvieron recursos humanos descartables. Está mal, pero así funciona el sistema: vive expulsando personas.

Ordenar las calles siempre fue traumático, doloroso. Le ocurrió a Enrique Conti, en su intendencia entre 2003 y 2007, cuando decidió desplazar a los vendedores ambulantes que habían copado las veredas de todo el microcentro, generando la queja de los comerciantes por la competencia desleal. Más tarde enfrentó un conflicto similar Marcelo Lima, entre 2007 y 2011 cuando implementó el Estacionamiento Controlado, expulsando a los trapitos que hasta entonces lavaban autos estacionados hasta en la puerta de OSSE. Y le sucede ahora a Baistrocchi, resuelto a extender el radio de regulación de los espacios.

Es la crónica de un conflicto anunciado. Pero esta historia todavía se está escribiendo. El epílogo debe incluir un fallo salomónico, donde cada parte tendrá algo que ceder. No parece buena idea enchastrar el diálogo con un discurso político de barricada, inoculado con segundas intenciones. No es lícito aprovecharse de la desesperación de los que no tienen nada, con tal de dañar la imagen de un gobierno. No es por ahí.

JAQUE MATE