No se puede minimizar el trámite judicial que mantiene en vilo el sistema electoral de San Juan. Pero la política perfectamente puede prescindir de los tribunales para avanzar en el tan ansiado consenso. Como el humo blanco se demora, se vuelve evidente que las tensiones del peronismo no dependen de un fallo en primera o segunda instancia, sino del postergado diálogo político.

La necesidad de este diálogo es, paradójicamente, el punto de conicidencia más palpable entre unos y otros, entre uñaquistas y giojistas. Los que se consideran a sí mismos equidistantes, ubicados en el medio, son los más preocupados por la dilación de acuerdo de unidad. 

Estos últimos, incluido algún dirigente departamental de renombre, deshojan la margarita para tener vía libre. Les urge trabajar en sus territorios sin tener que dedicar energía a aplacar las divisiones que derraman las cúpulas y mojan hasta las bases. Sin unidad, la tarea militante en barrios y villas se fracciona. Sucede cada vez que los punteros identificados con uno u otro espacio procuran no ser vistos juntos, ya sea porque no se toleran entre sí o por puro verticalismo y obediencia a la conducción.

Para el peronismo, la organización es un pilar fundamental. Por lo tanto, esta separación entre 'ismos' sin resolver mete ruido. Más aún cuando el tiempo avanza impiadoso y el segundo semestre está a la vuelta del calendario. Aquel 2023 que parecía tan alejado ya no queda tan distante. Mucho más cuando las reglas de juego siguen empantanadas en la incertidumbre.

Hay que sintetizar el nudo del conflicto judicial para seguir adelante. El 16 de diciembre el uñaquismo presentó sobre tablas en la última sesión ordinaria de la Legislatura un proyecto para suprimir las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Lograron la sanción por mayoría simple, pero hubo un fuerte rechazo de los tres diputados giojistas, que prácticamente lideraron la oposición a ese tratamiento.

Los tres legisladores en cuestión acudieron a la Justicia la semana siguiente para pedir la declaración de inconstitucionalidad de la norma sancionada, por vicios en el procedimiento. La semana pasada, prácticamente cinco meses después de haberse iniciado la causa, la jueza en lo Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, les dio la razón. Por lo tanto, las PASO fueron restituidas. Dos días después, la misma magistrada sumó otro fallo en el mismo sentido, esta vez a pedido de los partidos integrantes del Frente Juntos por el Cambio.

El fiscal de Estado, Jorge Alvo, en representación de la provincia, anunció en Banda Ancha que entre jueves y viernes de esta semana presentará el recurso de apelación ante la Cámara Civil, esperando una resolución en segunda instancia favorable en la primera quincena de junio. Por supuesto, su objetivo es sostener aquella ley que derogó las PASO.

Como se dijo al comienzo de esta columna, no se puede minimizar el impacto de esta disputa judicial, porque de hecho en esa arena se está definiendo el sistema electoral para votar por gobernador, vice, diputados, intendentes y concejales en 2023. No es poca cosa, en absoluto, más allá de que para el ciudadano común resulte un tema irrelevante frente a las urgencias cotidianas. ¿Quién puede pensar en las urnas con más de 23 puntos de inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año?

Detrás de la pulseada judicial hay una controversia política, nítidamente. Lo dejaron plasmado en Banda Ancha dos diputadas peronistas: Celina Ramella y Graciela Seva, la primera referenciada en el uñaquismo y la segunda, en el giojismo.

Ramella fustigó los criterios de la jueza Tettamanti, consideró que la sentencia fue 'muy dogmática' y hasta 'traída de los pelos'. Pero hizo fundamentalmente una consideración política con respecto a sus colegas Seva, Juan Carlos Gioja y Leonardo Gioja. 

En línea con el argumento del gobernador Uñac, Ramella se quejó de la judicialización de las leyes. Dijo que es riesgoso sentar este precedente porque de aquí en adelante, cada vez que una minoría pierda una votación en el recinto podrá acudir a los tribunales para derribar la ley con la que no estuvo de acuerdo.

Por supuesto Seva rechazó tamaña imputación. Dijo que hubo un plano político que consistía en discutir la continuidad o la eliminación de las PASO y que claramente el giojismo siempre estuvo a favor de sostener el sistema. Pero lo que en verdad se judicializó fue el procedimiento legislativo, porque estuvo viciado. 'Fue un escándalo', dijo textualmente la diputada.

Salta a la vista que la discusión jurídica queda en Tribunales, impresa en los expedientes. Hacia afuera, la diferencia es política. Entonces, en la raíz misma de la discusión puede aparecer la solución.

'Queremos que la próxima gobernación siga siendo del partido justicialista y estas divisiones nos hacen mal', dijo Ramella en Banda Ancha. Implícitamente acusó al giojismo de no allanarse a la conducción del PJ. A Uñac. 

En la vereda opuesta, Seva terminó coincidiendo con su compañera. 'En algún momento nos tenemos que poner de acuerdo. Pero no nos tenemos que poner de acuerdo desde la Justicia, sino desde la política', dijo la legisladora del bloque Lealtad. Bueno, no estaría sucediendo. No todavía.

La Legislatura es el ámbito donde debería suceder este diálogo, si se siguiera rigurosamente el pedido que hizo el gobernador en la apertura de sesiones el 1 de abril. Sin embargo, allí en Libertador y Las Heras, más allá de conversaciones informales y 'de pasillo', no hubo ningún avance. Oficialismo y oposición siguen esperando que el otro presente el primer borrador para tener algo, algún punto de partida para iniciar la discusión. No ha sucedido. Todavía.

¿Las conversaciones seguirán en pausa hasta la resolución final de la Justicia? Para algunos, la espera desespera.


JAQUE MATE