Dos preguntas describen la coyuntura del conflicto docente, transitando la cuarta semana de protesta desde que comenzó el dictado de clases para algunos y el paro para otros. La primera es: ¿cómo está el presentismo versus el ausentismo a esta altura? La segunda es: ¿habrá descuento de días no trabajados finalmente, a riesgo de avivar el malestar incluso de los que volvieron al aula?

El primer interrogante es una incógnita promediando esta semana corta que antecede al único fin de semana largo de marzo. El Ministerio de Educación dejó de informar los niveles de asistencia como sí hizo durante los primeros días de conflicto. 
Se percibió una mayor asistencia de docentes a las escuelas cuando aquel miércoles 15 se abrió y se cerró el diálogo en Casa de Gobierno por fuera de la paritaria. Pero es, fundamentalmente, una intuición.

Las percepciones tienen un límite trazado por las planillas de novedades que las directoras escolares mandan al Ministerio de Educación todos los meses. Esa información permite liquidar salarios con un criterio objetivo: cada falta no justificada impactará en el descuento del día. 

Un alto dirigente sindical se mostró preocupado hace apenas algunas horas, al estimar que los docentes que nunca se presentaron al aula podrían perder entre 60.000 y 70.000 pesos en su salario de marzo. La deducción es legal. Su aplicación ya es un hecho.

El gobierno de Sergio Uñac viene insistiendo en que el diálogo solo se puede reabrir con los docentes en las aulas. Mientras tanto, los autoconvocados se resisten a perder esa carta con la que ganaron notoriedad: vaciar las escuelas. Es una pulseada dramática que tiene a los ingresos de los trabajadores en el centro del tablero. En paralelo brota el malestar de familias que ven correr el calendario mientras sus hijos e hijas siguen en casa, sin aprender absolutamente nada.

Claramente a esta altura el conflicto está ajustado a las variables tiempo y desgaste. ¿En cuántos días más se quebrará la rigidez de alguna de las partes? ¿Será determinante el descuento de los días para desalentar a los trabajadores y las trabajadoras que sostuvieron la protesta hasta este momento? El sábado 1 de abril será clave. Ese día deberían depositarse los haberes.

Los salarios llegarán con el aumento del 30 por ciento acordado en paritaria, lo cual debería sentirse en el bolsillo. Lógicamente quienes carguen con la resta de los días de paro verán una merma, no una mejora. Habrá dos realidades diferentes, muy diferentes, según la situación de cada docente y las decisiones que haya tomado. Si estuvo o no estuvo frente al pizarrón.

Esa diversidad de realidades ya empezó a meter ruido en el colectivo docente. Este martes alguno se atrevió a plantear en la línea de mensajes de Canal 13 que el personal jerárquico, directores y supervisores, no debería tener un aumento. Solo deberían recibir una mejora quienes se encuentran más desfavorecidos, en la base de la pirámide.

Hay efectivamente salarios orillando los 100.000 pesos a duras penas, contra otros ingresos que pelean contra el límite del Impuesto a las Ganancias porque exceden holgadamente los 400.000 pesos mensuales. La brecha está a la vista.

Este martes en Banda Ancha el secretario general de AMET, Daniel Quiroga, dijo que está bien que el gobierno escuche a los autoconvocados, porque las cosas se presentaron de este modo. Tomó distancia de sus colegas sindicales que reprocharon esa mesa paralela. Pero también reconoció que la protesta está influida por factores políticos.

La proximidad de las elecciones del 14 de mayo inevitablemente tiñe de otros intereses el legítimo reclamo salarial. Lo que desgasta a uno, puede favorecer a otros. Esa sería la lógica lineal. Sin embargo, el problema es un tanto más complejo.

Es una situación que debe administrar Sergio Uñac, eso está fuera de discusión. Sin embargo, quienes tienen aspiraciones y mayores posibilidades de acceder al poder, también deberían tener un plan a la mano. Por dos razones, esencialmente. 

La primera es que la inflación no se cortará drásticamente el 10 de diciembre y el próximo gobierno también tendrá que lidiar con esta presión permanente. La segunda es que el movimiento de autoconvocados llegó para quedarse. 

No es una exclusividad de San Juan. Está sucediendo en distintos puntos del país. Pero tampoco es una originalidad argentina. Ya sucedió en otras naciones europeas, con diferentes nombres. 

La filosofía es la misma: no se sienten representados y se movilizan a título individual por una causa relativamente común. En este caso, el 'sueldo digno', aunque ese significante tenga distintos significados según las particularidades de cada uno.

Esa heterogeneidad, esa falta de organicidad, vuelve caótica la protesta y dificulta la posibilidad de arribar a un entendimiento. Las respuestas oficiales pueden satisfacer a parcialidades. Los demás podrán seguir reclamando in eternum. No es profecía apocalíptica. Es simple observación a la luz de los hechos suscitados a partir de 2022.

Entonces el conflicto recae en la gestión de Uñac y se convierte obligatoriamente en tema de campaña, para el oficialismo y para la oposición. Será sumamente tentador hacer promesas para la tribuna, aunque al poco andar habrá que rendir cuentas. Al fin y al cabo, las elecciones están a la vuelta de la esquina. Siempre habrá un 15 de mayo para poner la cara y hacerse cargo.


JAQUE MATE