La historia democrática ha demostrado que, ante momentos de tensión social, suelen funcionar algunas válvulas para descomprimir la presión. Cuando esos escapes están bloqueados las consecuencias seguramente serán peores. Sobreviene el estallido. Partiendo de esta premisa, el levantamiento de los autoconvocados entre el 25 de mayo y el 8 de junio pasados funcionó como un enorme alivio no solo para los docentes y estatales sino también para el propio gobierno de Sergio Uñac.

Aquella histórica movilización de miles y miles de trabajadores en las puertas del Centro Cívico arrinconó a la paritaria que se estaba llevando a cabo puertas adentro. El acuerdo que con mucho trabajo se había alcanzado con los sindicatos no conformó a los manifestantes y sostuvieron las medidas de fuerza. Las escuelas sintieron el impacto de la disconformidad. La conquista fue el 40 por ciento de aumento en una sola cuota. Inédito.

Como es sabido, ese 40 por ciento se sumó al 25 por ciento devengado anteriormente totalizando 65 por ciento de mejora en el primer semestre de 2022. Esa fuerte erogación que debió hacer el gobierno de Uñac seguramente fue una inversión necesaria no solo en términos de recomposición salarial sino fundamentalmente en términos de paz social. Hoy ese activo no tiene precio, cuando la crispación a nivel nacional parece desbocada.

El miércoles de la semana próxima el Instituto Nacional de Estadística y  Censos (INDEC) dará a conocer el índice de precios al consumidor o IPC de agosto. Será alrededor de las 4 de la tarde. A las 5 la ministra de Hacienda, Marisa López, recibirá a los gremios estatales, docentes y no docentes, para cotejar el 65 por ciento de aumento salarial otorgado con la inflación acumulada en los ocho meses transcurridos.

No será una cita fácil, nunca podría serlo tratándose de salarios versus inflación. Pero la ministra López podrá llegar con otro aplomo y con altas chances de que el número todavía le reditúe saldo a favor. El esquema de aumento en cuotas que habían acordado originalmente con los sindicatos ya habría puesto a todos de cabeza a sacar cuentas nuevamente. Solo haber gatillado el 40 por ciento de una sola vez permitió y permitirá llegar a esta revisión con relativa tranquilidad.

Julio fue hasta ahora el peor mes del año y el peor de las últimas dos décadas en materia de precios. Fue el mes de los tres ministros de Economía, el de la renuncia intempestiva de Martín Guzmán y la corrida cambiaria que elevó el dólar paralelo hasta rozar los 360 pesos. Una locura. 

Según el INDEC, julio registró un alza de precios minoristas promedio del 7,4 por ciento y se espera que agosto, que no ha sido la panacea, esté un poco por debajo. Igualmente algunas consultoras privadas relevaron un encarecimiento de la canasta alimentaria por arriba de los 6 puntos, que sigue siendo una barbaridad.

El viernes pasado en Banda Ancha la ministra López estimó que cuando se sienten con los gremios estatales el miércoles de la semana que viene, los salarios sanjuaninos todavía estarán unos 10 puntos por encima de la inflación acumulada que informe el INDEC esa misma tarde. ¿Es adivina la funcionaria? No, en absoluto. Los números están bastante cantados.

De enero a julio la inflación acumulada alcanzó el 46,2 por ciento. Agosto debería registrar cerca del 20 por ciento de inflación para dejar en desventaja a los sueldos estatales provinciales. Eso no sucederá. Sin embargo, esa es apenas una parte de la realidad. La otra es la que se percibe en la góndola del supermercado.

Hay un segmento superior que, por cobrar haberes arriba de 280.000 pesos mensuales tributa Impuesto a las Ganancias. Por lo tanto, buena parte del incremento que recibieron terminó mordido por el tributo nacional. Para el resto, la inmensa mayoría, el aumento del 40 por ciento fue un gran desahogo. Pero cada semana que pasó, el oxígeno se fue achicando al ritmo de la escalada de precios.

En retrospectiva el índice de precios al consumidor acumuló un 71 por ciento en los últimos 12 meses. Solo tomando en consideración ese parámetro salta a la vista que el 65 por ciento de aumento salarial otorgado en el primer semestre en San Juan es provisorio. Que más temprano que tarde necesitará alguna intervención adicional. Nadie es ajeno a esa realidad.

La ministra López reivindicó nuevamente el ámbito paritario para canalizar las inquietudes de los trabajadores a través del diálogo. Y reiteró que la premisa es mantener el equilibrio fiscal, administrar de la mejor manera los recursos. ¿Qué significa esto? No comprarse un problema mayor para el corto y mediano plazo.

Sabe la funcionaria que septiembre será también un mes complejo en materia inflacionaria. El impacto de la 'segmentación tarifaria', el eufemismo para hablar de la quita de subsidios en luz y gas, todavía no está cuantificado del todo. Habrá protestas fundamentalmente del sector productivo y del comercio. El gobierno provincial seguramente tendrá que escuchar y atender los reclamos. 

La caja es y seguirá siendo la misma. Habrá que administrar con fina muñeca para cuidar también el ritmo de la obra pública, sin abandonar otros programas como el de detección temprana de cáncer de mama lanzado esta semana, con una fuerte afectación presupuestaria de fondos locales.

Pero en el diálogo con los estatales, cuando la inflación estruja los bolsillos, las razones del gobierno pueden parecer secundarias. La mejor carta de la ministra López, a esta altura de los acontecimientos, no es el análisis de las dificultades sino el esfuerzo realizado en junio, el 40 por ciento de aumento en un solo pago. Esa concesión, producto de una movilización histórica autoconvocada por fuera de los sindicatos, terminó siendo un anticuerpo valioso. Una válvula de alivio para descomprimir la tensión. Y evitar males mayores.


JAQUE MATE