San Juan fue noticia nacional por una buena razón el lunes 10 de agosto, cuando se convirtió en la primera provincia que retomó las clases presenciales luego del abrupto corte del lunes 15 de marzo, cuando la pandemia dejó las escuelas cerradas hasta nuevo aviso. No fue una reapertura absoluta, sino muy ajustada a los tiempos que corren. Incluso fue con asistencia voluntaria y solo en los municipios periféricos. Igualmente duró muy poco. El brote de Coronavirus en Caucete estalló apenas 9 días después.

Esto es historia conocida. Pero de todos modos cabe recordarla así sintéticamente, porque la centralidad del debate por la reapertura escolar fue tomada -cuándo no- por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La potencia política y mediática que tiene sede en los alrededores del obelisco tomaron al país del cuello y lo pusieron a meditar nuevamente sobre la conveniencia o no de las clases presenciales. Llamativamente, todo bajo una perspectiva porteña.

Entiéndase la crítica: está muy bien que cada distrito resuelva sus flexibilidades, sus prioridades y sus protocolos. Lo que descarrila la discusión es la pretensión de nacionalizar una realidad tan localizada como la de CABA, en un país tan diverso. Por eso vale volver a mirar hacia adentro. Poner el acento en la situación sanjuanina. Y recién entonces, desde esa perspectiva necesaria, emitir opinión.

Cuando San Juan está al borde de la declaración de zona con circulación viral comunitaria, el momento nunca pareció menos oportuno para rediscutir la apertura de las escuelas. La virtualidad, con sus inconvenientes, con sus limitaciones y sus insalvables asimetrías, parece ser la única respuesta posible hasta la finalización del ciclo lectivo más atípico del que tenga memoria esta generación. 

Una fuente de Gobierno reveló días atrás en una conversación reservada que la idea que baraja Sergio Uñac por estas horas es bastante diferente a la que impulsó el regreso a la presencialidad el 10 de agosto. En aquel momento, San Juan era la provincia con la menor tasa de incidencia de todo el país. El Covid-19 era una amenaza que buscaba perforar las fronteras y que no lo había logrado hasta entonces. Hoy el cuadro es absolutamente distinto.

En Gobierno gana terreno la postura de no apresurar la apertura de aulas. Prácticamente descartan que suceda, si no viene una orden directa de Educación de Nación. Y, como están las cosas, es bastante improbable que eso suceda. El propio presidente Alberto Fernández se mostró inflexible este miércoles en Entre Ríos, cuando fue consultado sobre el asunto en una conferencia de prensa. 

Dijo que "es un peligro" ir a clases presenciales en esta etapa de la pandemia porque el coronavirus "no está superado". Por supuesto, apeló a las experiencias de otras naciones, como las europeas, donde la reapertura fue seguida de nuevos cierres porque el virus se propagó entre los pupitres.

Ni más ni menos que lo que viene planteando el ministro de Educación de Nación, Nicolás Trotta, cada vez que rechaza los protocolos de clases presenciales que presenta el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta. Montar aulas a cielo abierto no apaga los temores en una gran ciudad donde la circulación viral está afincada desde el primer momento.

"Los datos en el teléfono se agotan al toque y el acceso a la bibliografía es todo un problema", posteó justamente este miércoles un estudiante universitario sanjuanino, como gesto de desahogo ante la frustración. Y él es parte de la mínima porción que accede a los estudios de nivel superior. Su reclamo visibilizó todos aquellos otros que están ocultos porque resultan distantes, porque no forman parte de la agenda.

El ministro de Educación local, Felipe De los Ríos, reivindicó el regreso a las aulas ante la desconfianza legítima de muchos papás y mamás, que optaron por no mandar a sus hijos e hijas a la escuela. El funcionario definió la apertura de las escuelas como un acto de justicia social. Lo hizo aquí en Canal 13, en Fase 5 en Paren las Rotativas.

La pandemia se ocupó de derribar todo. Incluso de cometer un enorme acto de injusticia, como dejar la educación subordinada a la conectividad, a la disponibilidad de tecnología cada vez más costosa e inaccesible, a hogares aquejados por los pesares económicos, a docentes que hicieron malabares para inventar estrategias de pantallitas que nadie les enseñó.

Aún así, a pesar de todo esto, activar el sistema educativo con el protocolo del 10 de agosto suena temerario. Parte del aprendizaje será la convivencia con la peste. Mantener las escuelas desiertas sin fecha de retorno tampoco resulta presentable. El punto es quién se atrevería a dar el primer paso y pagar el costo de las consecuencias. Por ahora, San Juan prefiere esperar.


JAQUE MATE