'Vayan a trabajar, vagos de mierda', les dijo el gobernador riojano Ricardo Quintela a un grupo de docentes que se manifestaban en disconformidad con el aumento salarial otorgado en aquella provincia. La respuesta quedó grabada en video y lógicamente se viralizó. Impropia de un mandatario. Políticamente incorrecta. Brutalmente sincera.

Como en San Juan, en La Rioja los docentes no iniciaron el ciclo lectivo y prolongaron el reclamo, asfixiados por la inflación que carcome el salario real. Frente a esa realidad innegable, toda recomposición será insuficiente. Solo en febrero, según los datos oficiales del INDEC, los alimentos subieron casi el 10 por ciento. No hacen falta más argumentos para entender la magnitud del problema.

Entonces hay razones de un lado y del otro. Los docentes -como el resto de las trabajadoras y los trabajadores públicos y privados- demandan un trato digno. Los gobiernos provinciales -el de La Rioja, el de San Juan y todo el país- caminan por la cuerda floja: de un lado está el estallido social y del otro, la quiebra de las finanzas públicas. 

Lo dijo la ministra de Hacienda, Marisa López, este miércoles en Banda Ancha, con absoluta claridad. Las partidas presupuestarias para atender salarios no alcanzan así como quedó el esquema, luego de la concesión hecha a pedido de los autoconvocados y pese a la insatisfacción de una parte de ellos. Por lo tanto, habrá que echar mano a otras áreas. Alguien va a perder, para compensar la mayor asignación de recursos para sueldos.

Mientras tanto, los recursos están muy comprometidos. Los ingresos por coparticipación en febrero fueron menores a lo previsto e incluso estuvieron por debajo de enero. La proyección hacia adelante es pesimista, debido a la sequía que afectará la cosecha de granos. 

Si Argentina produce menos soja, eso significa menos dinero para repartir entre los estados provinciales. Hasta el Fondo Monetario Internacional ablandó las metas, a pedido de Sergio Massa, en consideración de este pronóstico negativo.

Todo esto puede resultar obvio para quien sigue atentamente las noticias económicas, pero para la inmensa mayoría será seguramente un dato marginal. Entender la estrechez de las cuentas públicas nunca satisfará las demandas del trabajador que tiene otras urgencias. Pagar las boletas, cargar nafta o la SUBE, poner la mesa todos los días, por citar tres ejemplos muy elementales de la vida cotidiana.

Entonces la cuestión se resume en una puja de intereses y de posibilidades: el reclamo legítimo de recomposición salarial contra la disponibilidad de recursos cada vez más amenazada por la coyuntura.

El gobierno de San Juan intentó ser riguroso con los autoconvocados, poniendo en valor la paritaria con los sindicatos UDAP, UDA y AMET como único ámbito legítimo para la negociación salarial. Pero el paro fue contundente y se tradujo en un elevado ausentismo en las escuelas públicas. Las privadas siguieron su ritmo prácticamente con normalidad.

Se intentó disuadir a los autoconvocados con la amenaza del descuento de los días no trabajados. Pero esa advertencia no tuvo mayor efecto. Este miércoles recién hubo un leve incremento en el presentismo. En el nivel primario todavía no llegó al 50 por ciento. En el secundario estuvo un poco mejor. El promedio general ascendió casi al 75 por ciento.

Para torcer el rumbo del paro, el gobierno tuvo que rediseñar el esquema de aumento y garantizar el 61,1 por ciento hasta julio, quedando otro 10 por ciento para septiembre. El mayor esfuerzo económico tendrá un impacto superior a los 10.000 millones de pesos, según dijo la ministra López. Estaban viendo a quién sacarle para acomodar los números sin caer en el rojo fiscal.

Nuevamente cabe la reflexión: al trabajador de la base de la pirámide solo le preocupa llevar el pan a la mesa. El dilema de los recursos no le pertenece. Es un dolor de cabeza exclusivo para este y el resto de los gobiernos provinciales. El de Sergio Uñac y el de Ricardo Quintela.

El sanjuanino terminó reabriendo el diálogo a través de sus funcionarios. Les dio el lugar de interlocutores válidos a los autoconvocados, como ya lo hizo el año pasado. El 2022 fue fundacional en este sentido. El 2023 se alimentó de aquel antecedente. Le toque a quien le toque gobernar en 2024, debería irse preparando para afrontar una situación semejante. Las cosas cambiaron. La paritaria ya no es garantía de paz social ni de conquista de derechos que satisfaga a las mayorías.

Quintela se convirtió en noticia nacional con su exabrupto hacia los docentes. Sin embargo, en ese arrebato maleducado, ese 'vayan a trabajar, vagos de mierda', purgó su propia desesperación. Las escuelas paradas impactan en toda la sociedad, transversalmente. Cada vez que un gobierno nacional o provincial se enfrentó con los trabajadores de la educación, perdió. Sobran los ejemplos en la historia democrática reciente.

Parece más sensato entonces no quemar los puentes. Ni echar más leña al fuego. Esta vez le tocó a Uñac. El año que viene podrá ser él otra vez quien deba enfrentar la pulseada. O no. Tome nota el resto. La protesta social no distingue entre partidos políticos. Guarden los insultos.

JAQUE MATE