Y un día San Juan perdió la inocencia. Una chica de 18 años sacudió a la provincia al quitarse la vida arrojándose al vacío desde el quinto piso del Centro Cívico. No existe un lugar más visible, más transitado, más significativo. Es el epicentro del Estado, la síntesis del aparato burocrático que ordena todo. Ahí, comenzando la semana, el lunes 12 de septiembre, quedó marcado el hito para siempre. El silencio cultivado durante décadas se rompió sencillamente porque no era posible seguir callando.

A lo largo de los años ganó terreno la política sanitaria de no decir, no exponer, bajo la creencia de que la difusión del suicidio podía generar un efecto contagio. En las redacciones de los medios de comunicación donde se formó la mayoría de los comunicadores se afincó esa convicción. 

El suicidio se fue achicando en la agenda informativa. Desapareció de la sección Policiales, donde nunca debió estar. Y finalmente se redujo a una nota anual, abstracta, sin rostro, sin nombre, llena de estimaciones y estadísticas sugeridas, con motivo del día mundial de lucha y concientización contra este mal. Y punto. A otra cosa.

Mientras tanto el fenómeno siguió creciendo. Si hay una estadística al respecto, todavía no fue difundida. Sin embargo, desde el lunes se multiplicaron los testimonios de terapeutas del ámbito público y privado. Todos fueron coincidentes: la curva ascendente de suicidios es evidente hace años, agravada por la pandemia. El encierro, la interrupción de las rutinas como se conocían hasta entonces, la falta de presencialidad escolar, el sobrecalentamiento de la comunicación virtual y una enorme cantidad de factores complejos detonaron esta amarga realidad.

Durante la gestión de Oscar Balverdi al frente del Ministerio de Salud Pública de la provincia, algunos referentes de medios de comunicación firmaron un compromiso ético para tratar los casos de suicidio. Nunca se habló de silenciar, sino de encuadrar responsablemente la información. Nadie podría estar en desacuerdo. Sin embargo, en los hechos, ese convenio voluntario sirvió como justificación para callar. Mejor no hablar de ciertas cosas.

Lo que no se dijo a través del sistema de medios, ganó espacio en redes sociales de la peor manera. Se ventilaron rostros, nombres y apellidos, detalles íntimos, historias personales. La ola pasó por arriba. Muy posiblemente, los y las adolescentes sabían mucho más que los adultos acerca de lo que estaba sucediendo. Todo pasó debajo de las narices de una sociedad que seguía cómodamente mirando hacia el costado.

Marginalmente circulaban las versiones acerca del fallecimiento en tal colegio, que la víctima esta vez era compañera de curso del sobrino de la conocida. Así se manejó. Sin protocolo. Simplemente sucedió. Hasta que una joven de apenas 18 años se convirtió en bisagra. No se puede seguir callando lo que pasó a la vista de toda la provincia.

Que haya sucedido en el Centro Cívico fue altamente simbólico. Fue justamente ahí, en el edificio más monitoreado, más custodiado. Donde confluyen el Ministerio de Educación, el de Salud, el de Desarrollo Humano y la Secretaría de Seguridad, entre otros. Y no, no fue un hecho policial. Claramente se trató de un fracaso colectivo donde cada uno tiene materias pendientes.

Esta vez la reacción fue inmediata. Ya dejó de ser un cuchicheo por redes sociales y mensajes de Whatsapp para adquirir otro volumen. Fue así que se gestó esa reunión interdisciplinaria en el edificio Anexo de la Legislatura Provincial el martes. La ministra de Educación, Cecilia Trincado, tomó una decisión sin precedentes: van a parar todas las escuelas y colegios de nivel secundario jueves y viernes de la semana que viene para reunir a estudiantes, padres y docentes, exclusivamente para hablar de lo que hay que hablar. Fundamentalmente para escuchar.

Será una medida inédita, bienvenida. Pero no suficiente. De hecho, la propia ministra Trincado reconoció este miércoles en Banda Ancha que los recursos profesionales son muy acotados. No hay un gabinete psicológico por escuela, ni lo habrá en el corto plazo. Habría que generar toda una estructura que hoy no existe. Sin embargo, es un asunto que excede ampliamente a Educación.

Salud hace tiempo tiene a cargo el Programa de Prevención del Suicidio, pero la red de psicólogos y psicólogas en centros de acceso público es limitada. Los turnos pueden demorarse semanas, o meses, salvo que se trate de un paciente que ya haya dado indicios de atentar contra su vida. De ahí para abajo, el resto debe esperar.

No es mucho mejor la situación para quienes tienen cobertura de la Obra Social Provincia, porque desde septiembre está caído el convenio con el Colegio de Psicólogos de San Juan. Hubo un desacuerdo en la metodología de pago durante la gestión de Daniel Gimeno y nada cambió con la llegada del nuevo interventor, Miguel Grecco. De manera tal que los 140.000 afiliados de la OSP deben pagar en efectivo, de su bolsillo, cada consulta. El valor mínimo es de 2.000 pesos. Una migaja para el profesional. Un precio inviable para una familia de ingresos fijos, cuando las sesiones deben multiplicarse semanalmente.

Vale decir lo obvio: debería ser prioridad para Grecco darle solución inmediata al convenio con el Colegio de Psicólogos. Como también debiera ser prioridad activar la línea de ayuda al suicida las 24 horas, no solo en horario de administración pública, de mañana, como sucede actualmente.

Esta columna posiblemente no aporte demasiado. Apenas sea un racconto, pasar en limpio algunas conclusiones. Mirarse al espejo de frente. Las razones son y serán motivo de estudio de especialistas, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales. Lo cierto es que no se puede seguir callando. San Juan perdió la inocencia.


JAQUE MATE