Nadie podría desconocer, incluso los sectores enfrentados con el gobierno de Alberto Fernández, que los pesares de Argentina vienen desde hace tiempo. Y que se agravaron particularmente en los últimos dos años de gestión de Mauricio Macri, con una recesión e inflación devoradoras de economías familiares en beneficio de la renta financiera. Pero tampoco se puede ocultar que la pandemia y la cuarentena le dieron el golpe de gracia al país. Está claro que el virus llegó para quedarse un tiempo. Hay que ver la manera de poner a funcionar la maquinaria y para ello, antes hay que revisar algunas cuestiones de fondo. Los costos energéticos aparecieron con claridad en los últimos días.

El gobernador Sergio Uñac movió el avispero el viernes cuando, en una rueda de prensa, en apenas unos segundos, contestó afirmativamente que están analizando una revisión integral de la polémica columna derecha de la boleta de la luz. Dijo que se está trabajando en eso y que "es probable que puedan haber menos impuestos pero no una eliminación total". La aclaración fue necesaria porque la composición de esa lista tributaria tiene parte nacional, parte provincial y parte municipal. 

Uñac dijo también que le parece que sería "una muy buena señal" porque "es un reclamo histórico". Efectivamente, el arco productivo completo, desde los viñateros hasta los industriales y los comerciantes apuntaron con mayor agresividad contra los impuestos cargados en la boleta de la luz que contra el tarifazo que multiplicó por 1.000 y más el valor del kilovatio. 

Podría decirse que la mayoría del sector empresarial no confrontó con Cambiemos cuando vino el denominado "sinceramiento" de la energía, que significó no solo el retiro drástico de los subsidios del Estado sino también un encarecimiento en favor de las generadoras y transportistas. En los últimos cuatro años solo les tocó ganar. A cambio, debían ponerse al día con las inversiones atrasadas. Pero ocurrió todo lo contrario.

Energía San Juan tuvo que pedir rescate el año pasado para poder pagar una deuda de unos 1.500 millones de pesos a la mayorista CAMMESA. Había puesto en riesgo de apagón total a la provincia. En conclusión, el Estado tomó un préstamo por 1.900 millones para saldar ese pasivo privado, a cambio de que la energética fuera devolviendo en cuotas y con intereses. Es decir que después del sinceramiento tarifario, algo raro pasó con la renta.

El asunto no debería quedar tapado por las urgencias, merece una revisión en profundidad. Pero la pandemia puso en foco el costo que tiene la energía en el sector privado. Aparentemente el pedido colectivo sigue girando en torno de la carga tributaria, más que en la composición pura de la tarifa energética. Esto está sucediendo en San Juan, mientras en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) evalúan una medida mucho más drástica.

Según publicó Clarín el jueves 16 de julio en su edición digital, "un funcionario ultra K recomienda eliminar todos los aumentos tarifarios con Macri". Dejando al margen las adjetivaciones periodísticas sobre lo "K" y lo "no-K", la información pura indica que varios intendentes del conurbano bonaerense acusan a Edesur de haber incumplido con las inversiones y por eso están sufriendo una ola de cortes de electricidad.

Estos intendentes tuvieron su reunión con el interventor del ENRE, Federico Basualdo. Y este ente regulador emitió un comunicado donde recomienda “al Ministerio de Desarrollo Productivo considerar nula la revisión tarifaria integral (RTI) aplicada durante el gobierno de Cambiemos”. Es decir, volver todo a foja cero, hasta el 10 de diciembre de 2015.

Entre otros, los intendentes promotores de la queja fueron Mayra Mendoza (Quilmes) Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Mariano Cascallares ( Almirante Brown) y Andrés Watson (Florencio Varela). La embestida encontró eco en el ENRE. Pero la publicación del matutino porteño también agrega otro dato relevante en este esquema. Podría sumarse en el corto plazo Aníbal Fernández como nuevo secretario de Energía de Nación. Su postura acerca de todo lo hecho por el macrismo es pública.

Los tarifazos de Cambiemos alcanzaron el 400 por ciento en la primera etapa de gobierno, cuando en algunos barrios coquetos de Buenos Aires se pagaba una boleta insólita de apenas 30 pesos. En San Juan esos montos nunca fueron tan minúsculos, porque el EPRE mantuvo con regularidad las revisiones tarifarias ordinarias. Según Clarín, al finalizar la gestión macrista las boletas se habían incrementado más de un 600 por ciento. En el bolsillo del usuario sanjuanino, según datos proporcionados por Jorge Rivera Prudencio, el impacto fue mucho superior.

Sobre ese controversial reajuste tarifario se montaron también los tributos nacionales, provinciales y municipales, que no tienen un monto fijo sino un porcentual. Por lo tanto, la ganancia extra no fue solo para las energéticas sino también para todos los entes recaudadores que fueron "prendidos" de la facturación. Es allí donde se encamina el Acuerdo San Juan a hacer una resignación de recursos. Tema delicado, por supuesto, cuando el Estado sufre una caída de ingresos coparticipables y las necesidades son cada vez más.


JAQUE MATE