Hay un par de certezas que seguramente van a generar inquietud entre los miles de sanjuaninos y sanjuaninas que a diario utilizan el servicio de colectivos. La primera es que la tarifa actual está retrasada y requiere actualización. La segunda, es que a partir del 1 de enero habrá aumento y será inevitable. Todavía es prematuro arriesgar un porcentaje, sobre todo porque en el medio de la negociación con las empresas habrá cambio de gobierno.

Cuando Mauricio Macri resolvió sacarse de encima los subsidios al transporte público de pasajeros, las provincias tuvieron por delante dos decisiones posibles: trasladar la totalidad del mayor costo a los usuarios o hacerse cargo de reponer los fondos restados por Nación con recursos propios. San Juan optó por la segunda opción. Solo así se pudo evitar que la tarifa pegara un salto impagable para los usuarios, hasta superar los 40 pesos por el trayecto más corto.

La administración de Sergio Uñac desembolsó alrededor de 100 millones de pesos mensuales desde enero de 2019 para cerrar el año con una erogación que rondará los  1.200 millones. Ese monto, por el impacto de la inflación y la disparada del dólar, lógicamente tendrá que incrementarse. La pregunta es si nuevamente la provincia tendrá que hacerse cargo en soledad o volverá el auxilio nacional con la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada.

Esta es la clave por la cual el tema tarifario está en stand by, en los últimos días de gestión de Ariel Palma al frente de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte. El funcionario partirá el 10 de diciembre hacia el Concejo Deliberante de Capital, para secundar a Emilio Baistrocchi en el municipio. Por lo tanto, es consciente de que debe dejar al menos el asunto del boleto de colectivo relativamente cerrado. Caso contrario, quien asuma en su lugar tendrá que debutar de golpe con la toma de una decisión crítica.

Ayer en Banda Ancha, Palma admitió que la tarifa actual de colectivos está "desfasada". Esa es la palabra que utlizó textualmente. Y no hizo falta que explicara demasiado las razones. La tremenda devaluación que sufrió el peso argentino multiplicó los costos de las unidades hoy valuadas en unos 8 millones de pesos, además del mantenimiento requerido para prestar el servicio, el gasoil premium y, en un tiempo más, también se sumará la adecuación de los salarios de los choferes. Una bomba.

El salto del valor del pasaje será más o menos drástico en función de una serie de variables. La de los costos está bastante clara. La incógnita radica en los recursos. Trasladar toda la carga de la rentabilidad y el sostenimiento del sistema a los usuarios del servicio de colectivos sería jugar con el maltratado bolsillo del trabajador promedio. La gente utiliza el transporte público precisamente por su precio accesible, como ocurre en el resto del mundo. Aplicar un tarifazo al estilo de la energía eléctrica o el gas natural implicaría una reacción social. Es improbable que Uñac vaya por esa vía.

Entonces aparece la necesidad imperiosa de sostener los subsidios, al menos en cierta proporción. ¿Cuánto margen le quedan a las finanzas provinciales para seguir aumentando ese gasto público? ¿Qué previsión presupuestaria dejará el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, para la próxima administración cuando él ya sea vicegobernador?

Por ahora son preguntas sin respuesta, porque el Presupuesto 2020 sigue siendo un misterio. El de Nación fue elaborado por el macrismo y quedó archivado en algún cajón del Congreso, hasta tanto redefina las prioridades el albertismo. Los números provinciales esperan aquella definición más grande para adecuarse rápidamente. La reaparición de los subsidios al transporte es y será uno de los puntos de especial interés.

El boleto de colectivos cumplirá dos años con ajustes semestrales, uno en enero y el otro en julio. La inflación tornó imposible las tarifas anualizadas, como ocurrió hasta 2017. El panorama hacia adelante todavía es incierto. Y la pregunta de los millones por ahora sigue pendiente: ¿quién paga la SUBE?


JAQUE MATE