"Sinceramente no me importa ser políticamente correcta", publicó Zulemita Menem en su cuenta de Twitter. La advertencia fue con la imagen de dos manos aferradas a los barrotes de una celda. Y la leyenda inscripta: "La cárcel es un castigo, no un hotel. Si se contagia, lo lamento. Su víctima tampoco tuvo opción". Fue su manera de oponerse públicamente a la liberación de delincuentes presos. Hay cataratas de planteos ante la Justicia para que cumplan condena en su domicilio como medida contra el Coronavirus. El hacinamiento en las unidades penitenciarias de todo el país genera temor a una explosión de Covid-19.

La hija del senador y expresidente de la Nación se convirtió en tendencia en la red social del pajarito. Tuvo amplios gestos de acompañamiento. Hubo algún que otro pase de factura por la relación del menemismo con las causas judiciales interminables y los fueros protectores, verdaderos escudos contra el calabozo. Pero a decir verdad, a Zulemita le fue bien con su intervención. Dio en el clavo, en una sociedad hastiada de inseguridad e impunidad.

El tema le generó una controversia adicional al presidente Alberto Fernández, porque le preguntaron en una radio de Buenos Aires sobre el tema y se mostró a favor de las prisiones domiciliarias. Bastó para ser título de tapa y que algunos comunicadores interpretaran que el jefe de Estado estaba bajando una orden al Poder Judicial. Si así fuera, lo que vendría, inevitablemente, sería una ola de liberaciones escondidas en la pandemia. Puesto así, resulta indefendible.

Pero hay otra manera de apreciar los hechos. Una menos lineal, pero ciertamente mucho más responsable. Porque seguir agitando la bandera de que Alberto quiere liberar a los presos, impacta dentro de las cárceles. Aumenta la tensión. Si el presidente dio la orden, ¿qué razón hay para demorar las liberaciones? Y no. Ni el presidente dio la orden, ni habrá liberaciones tan alegremente como se está instalando con notable premeditación e interés.

El evento del Servicio Penitenciario Provincial de San Juan este martes se puede entender como parte de un efecto cadena, que está brotando en distintos penales de todo el país. Canal 13 le consultó al secretario de Estado de Seguridad, Carlos Munisaga, sobre las condiciones de salubridad dentro de los muros. Y dio garantías de que hay estrictos protocolos para evitar que el Covid-19 ingrese a esa unidad carcelaria. No solo por protección de los reclusos, sino también del personal que allí trabaja. A menudo, buena parte de la sociedad se olvida de que ahí hay personas que prestan un servicio esencial. Seguridad para el resto de la población.

En Página 12, el periodista Raúl Kollmann aportó datos valiosos para comprender lo que está pasando con las cárceles en todo el mundo. Solo el estado de California mandó a sus casas a 3.500 internos. No lo hicieron por garantistas, sino para evitar un mal mayor. Si hubiera un brote de Covid-19 en esa penitenciaría, quedarían vulnerados no solo los reclusos sino también los guardiacárceles, los médicos, enfermeros y el resto del personal que trabaja cotidianamente en esas instalaciones. Habría ausentismo por licencia. Una verdadera bola de nieve.

En Chicago el penal Cook Jail se convirtió en el principal foco infeccioso de la ciudad con 355 contagiados. El germen, vale la aclaración, no respeta muros. No discrimina por prontuario. Ataca y punto. En Ohio, la prisión Marion alcanzó los 1.800 internos contagiados. ¿A dónde van los presos enfermos? A los hospitales, a las mismas camas reservadas para el resto de los ciudadanos. El racconto de Kollmann abarca cifras de varias naciones europeas, asiáticas y hasta latinoamericanas. El Brasil de Bolsonaro tuvo que mandar a casa a unos 30.000 presos, sin ir más lejos.

Zulemita, sin embargo, dio en el clavo. Fue certera al coincidir con la indignación de la mayoría hastiada por la inseguridad y la impunidad. Es el camino más corto, el que no puede seguir quien tiene la responsabilidad de gobernar. 

Los marginales y la gente de bien
La publicación de Zulemita Menem en Twitter fue tendencia.

Primero hay una cuestión de orden constitucional. La privación de la libertad es la pena establecida en el Código Penal Argentino para ciertos delitos juzgados y con sentencia firme. Perder la libertad, mientras el resto de los derechos se conserva intacto. Entre ellos, el derecho a la salud.

Pero si todo esto no importara... Si se impone la Ley del Talión, ojo por ojo y diente por diente. Si hubiera un amplio consenso social acerca de que los delincuentes merecen morir en la peor condición, porque jamás pagarán el daño que hicieron. Si lo único que vale es la salvación de uno mismo, que nunca le hizo mal a nadie. Si el mundo se divide entre los marginales y la gente de bien. Aún desde ese punto de vista es una torpeza tener una inclubadora viral en las cárceles.

Si la solución es dar prisiones domiciliarias con tobilleras electrónicas o es otra, eso seguramente será motivo de discusión fundada, seria, profunda. El problema es cuando la politiquería mete la cola y pega un título catastrófico.


JAQUE MATE