No será ley de lemas, sino una versión adaptada a los tiempos que corren. Esa es la receta que por estos días termina de cocinar el equipo jurídico del peronismo, apremiado por las urgencias. La primera de todas esas urgencias es que las primarias desaparecieron, más allá de los recursos que siguen dando vueltas en la Justicia pero parecen condenados al fracaso. La segunda urgencia es que se agotan los plazos para aplicar una reforma electoral válida para 2023, en la hipótesis de un desdoblamiento provincial.

En términos rigurosos, ya no hay tiempo para modificar el régimen electoral y que esa reforma sea aplicable el año que viene. La ley 613 N establece que todo cambio debería hacerse hasta 18 meses antes de la fecha del comicio. Los plazos no cierran de ningún modo, salvo que se modifique esa norma, cosa que es posible en sesión especial y con el voto de los dos tercios de los diputados.

Como se ha dicho y escrito en esta columna, todo esto se puede resolver con política. Bastará un acuerdo entre el uñaquismo y el giojismo para alcanzar los dos tercios en el recinto y producir los cambios de fondo. Ese entendimiento está bastante avanzado. Mucho más de lo que los interlocutores reconocen en público.

El pacto está inspirado en la vieja ley de lemas de noviembre de 1994, que le dio marco a las elecciones de 1995. Pero no se llamará ley de lemas. Y tendrá sutiles retoques, porque los contextos son diferentes. Sin embargo, la necesidad es la misma que hace casi 30 años: ganar.

Se llamará Lepa: ley de participación ampliada. O al menos ese es el nombre que trascendió este fin de semana de una fuente bien informada. Y le dará respuesta a uno de los grandes interrogantes de la interna peronista: abrirá el juego incluso para la candidatura a gobernador.

¿Significa que podrían competir Sergio Uñac y José Luis Gioja, eventualmente, cada uno como cabeza de un sublema del Frente de Todos? La respuesta es sí. Claro que esto es futurología y todavía tiene que correr mucha agua debajo del puente. Pero ese ensayo podría llevarse a la práctica perfectamente, con la garantía de que quien salga primero podrá sumar los votos del otro. Sería el sello de la unidad posible, en una convivencia tirante.

Hasta ahora el borrador cuenta con la posibilidad de que cada candidato a gobernador lleve una única lista de diputados proporcionales. Luego las bancas se repartirán por el sistema D'Hondt. De esta forma, el ganador y el perdedor tendrán espacio en la próxima Legislatura para el periodo 2023-2027.

Cada candidato a gobernador podría llevar un solo candidato a diputado departamental, no dos ni tres. Sus votos también se sumarán recíprocamente dentro de la alianza electoral. El que salga primero capitalizará los puntos de su rival interno. Con esa acumulación podrá medirse frente al adversario de otra agrupación. 

Vale hacer la aclaración: estas reglas de juego serán tanto para oficialismo como para oposición. La sumatoria interna operará para el Frente de Todos, pero también para Juntos por el Cambio, para Consenso Ischigualasto y cualquier otro espacio que decida entrar en la contienda. Ley pareja y que gane el mejor.

Entonces, recapitulando, podrá haber más de un candidato a gobernador en la misma alianza electoral. Cada uno de ellos podrá llevar una sola lista de diputados proporcionales y un solo candidato a diputado departamental. Pero podrán anotarse varios candidatos a intendente para un mismo departamento acoplados al mismo candidato a gobernador.

Esta fórmula permitirá abrir el juego en los municipios, donde la dirigencia quedó sumida en la incertidumbre frente a la repentina desaparición de las PASO. La lista de unidad siempre será una opción, pero estará abierta la posibilidad de participar.

Cada candidato a intendente podrá llevar una sola lista de concejales. A diferencia de los diputados proporcionales que se repartirán por sistema D'Hont para entrar a la Legislatura, los concejales no se mezclarán. Entrará la lista completa que haya sido más votada. Esta decisión obedece a que los jefes comunales necesitarán apoyo para gestionar y tener un Concejo Deliberante muy fraccionado, incluso en el oficialismo, les significaría enfrentar una carrera de obstáculos.

Este es el borrador de la ley de participación ampliada o Lepa. Como todo borrador, puede sufrir modificaciones. Pero la intención es no dilatar demasiado la discusión. Uno de los aspectos políticos imprescindibles era el regreso del gobernador Uñac de su gira por Israel. Eso ya sucedió. El paréntesis se cerró.

Por supuesto el oficialismo espera que, a la hora del debate legislativo, haya una fuerte embestida opositora contra la nueva ley de lemas remozada. Pero los números mandan. Si hay acuerdo entre uñaquistas y giojistas, toda modificación será posible. Incluso la de los plazos, para implementar el nuevo sistema sustituto de las PASO en los comicios de 2023.

Solo quedaría un cabo suelto, no menor. Es el de la candidatura de Uñac para la gobernación nuevamente. El giojismo sigue resistiendo esa posibilidad, por entender que hay un impedimento constitucional. Le cuentan este mandato al pocitano como el tercero consecutivo. Por lo tanto, ya no podría anotarse para repetir. Mientras tanto, el uñaquismo sostiene que está perfectamente habilitado, porque asumió en 2015 y este sería su segundo periodo.

Hay una discusión de orden jurídico/constitucional, pero también es de carácter político. Quienes impulsan la nueva postulación de Uñac lo hacen fundamentalmente en la convicción de que es el más competitivo, frente a una oposición fortalecida y un clima nacional complicado. Si es el que mejor mide, para muchos peronistas sería un error imperdonable entorpecer su continuidad.

No es un debate estrictamente atado al régimen electoral. La aprobación de la ley de participación ampliada o Lepa podrá suceder incluso dejando ese otro cabo suelto para atenderlo más adelante.

JAQUE MATE