Sin aviso previo, sin aspaviento, este jueves el oficialismo presentará sobre tablas en la Legislatura un pedido de informes al secretario de Estado de Ambiente, Francisco Guevara, sobre la situación de los perros en San Juan. Será una acción política para poner blanco sobre negro, para pasar en limpio la cadena de responsabilidades compartidas y fundamentalmente, para diagnosticar lo que falta aún en materia de legislación. Y actuar en consecuencia.

El pedido de informes será impulsado por un bloquista, el zondino Edgardo Sancassani, quien ha tomado la posta con la venia de Casa de Gobierno. El legislador tiene el visto bueno para ocuparse de pasar en limpio toda la legislación vigente y detectar los agujeros negros. En el análisis preliminar saltaron varios puntos oscuros, pero uno en particular es el emergente: no hay un solo municipio adherido a los regímenes de control de jaurías callejeras.

Una cosa lleva a la otra. Tampoco hay una obligación de tener caniles municipales hasta el momento. Ese parece ser el norte en esta instancia, después de que San Juan tuviera el segundo muerto por ataque de perros cimarrones en apenas cinco meses. La primera víctima fue Florencia Ledesma el 1 de noviembre en Albardón y el segundo fue Néstor Daniel Morales el pasado domingo 3 de abril en el Parque de Tecnologías Ambientales en Rivadavia.

De Guevara se espera que presente un informe detallado de todo lo realizado. En la víspera, el secretario de Estado ya tenía toda la documentación reunida. Hay datos abundantes pero también importantes carencias. Una de ellas, es la ausencia de un registro de la población canina. Solo hay estimaciones hechas por las proteccionistas, que le piden a Ambiente el alimento para mantener los perros que dicen tener en guarda. Según ese cálculo -que no es más que una declaración jurada- hay más de 200.000 perros en esa condición. Pero es un número al boleo.

La trágica muerte de Morales en el interior de PTA provocó un remezón a todo nivel.

En primer lugar, el dolor por la pérdida irreparable de un ser humano y la certeza de que era una muerte evitable. Una alta fuente con acceso al PTA reveló que antes hubo discusiones puertas adentro acerca de qué hacer con las jaurías que deambulaban por la zona. Hubo dos posturas enfrentadas pero terminó imponiéndose la proteccionista, que frenó el uso del rifle sanitario. Por otro lado, la actual gestión debió poner a punto algunas instalaciones que hace tiempo merecían dedicación. Esta semana se cambiaron todas las luminarias exteriores por lámparas led y se le dio a cada operario un arma con dardos tranquilizantes. Además, todos los traslados internos deben hacerse en un vehículo de guardaparques que fue expresamente destinado para ese efecto. La amenaza no desapareció.

En segundo lugar, el evento demostró que las jaurías son inmanejables por lo vasto del territorio. Ahí, en las estribaciones del cerro Parkinson, los perros son amos y señores. Casi una especie dominante. Han llegado a devorar a un puma, según reveló una alta fuente del sitio. Las soluciones rápidas no funcionarían. Alguien sugirió arrojar alimento envenenado, pero eso se descartó por completo, porque hay fauna protegida: es hábitat de cóndores. Y estas aves también comen carne. No hay atajos.

En tercer lugar, se encendió la luz amarilla en las otras plantas de tratamiento de residuos. Hay evidentemente una amenaza latente, porque se estima que también hay jaurías atraídas por los restos de comida. Son cinco puntos que Ambiente está observando con detenimiento, ubicados en Caucete, Iglesia, Valle Fertil, Jáchal y San Martín. De todos, el más problemático podría ser el iglesiano, por su proximidad con una escuela agrotécnica.

En cuarto lugar está lo político. La tragedia se presentó al cuarto mes de que comenzara una nueva gestión en Ambiente. La decisión del gobernador Sergio Uñac fue acompañar a Guevara y ofrecerle pleno respaldo para que tome las medidas que sean necesarias. Hay una situación crítica, producto de décadas de esterilizaciones irregulares, a veces más intensas, a veces más laxas, y fundamentalmente la falta de campañas de concientización. Es un problema social que devino en un problema sanitario.

De todas maneras, en Gobierno saben que todos los recursos económicos serán insuficientes si no hay una coordinación inmediata con los 19 municipios. Para ello, los intendentes, del oficialismo y la oposición, tendrán que impulsar en sus propios concejos deliberantes la adhesión a todas las normas provinciales. Tendrán que comprometerse a construir en el cortísimo plazo sus propios caniles, sus propias perreras municipales. La provincia acompañará con financiamiento, pero cada jurisdicción dependerá fundamentalmente de la pericia o impericia del jefe comunal en funciones.

Es inminente la conformación de brigadas para detectar perros en situación de calle. Para ello, habrá personal provincial pero también personal municipal. Esto es parte de lo que tiene en borrador el diputado Sancassani. Pero antes de cerrar el nuevo proyecto, los diputados recibirán el informe de Guevara. Para poner blanco sobre negro. Para hacerse cargo de una vez por todas de esta perra realidad.


JAQUE MATE