Mal día para discutir salarios. Justo este martes el INDEC confirmó las peores profecías de las consultoras privadas: la inflación de febrero alcanzó los 6.6 puntos y la interanual superó, finalmente, los tres dígitos. Pero hubo más: los alimentos estuvieron a la cabeza de los aumentos, arañando los 10 puntos. 

En este contexto sucedió el rechazo de los docentes autoconvocados a la oferta extraordinaria, por afuera y por encima de la paritaria, esa mesa de sindicatos que virtualmente quedó reducida a un sello de goma.

La oferta final y definitiva del Ministerio de Hacienda fue extraordinaria por dos razones. La primera, porque se corrió de la postura original e inflexible cuando decía que no había un peso más disponible. La segunda, porque por segundo año consecutivo terminó superando la negociación con los sindicatos. 

El movimiento organizado de los trabajadores quedó sumido en el caos y la anarquía. La negociación en la paritaria se diluyó por imperio de las circunstancias. Cuando el acuerdo arribado en ese ámbito tiene el mismo valor que un dibujo en el aire, no queda mucho más por decir.

El pacto salarial entre las autoridades de Gobierno y los sindicatos UDAP, UDA y AMET obligó a las partes. Al Ministerio de Hacienda y al de Educación, a liquidar salarios según los nuevos términos, con los nuevos porcentajes. A los sindicatos, a sostener el dictado de clases sin alteración.

Esa regla básica que justifica la existencia de la paritaria se cayó a pedazos por imposibilidad de los gremios. Por segundo año consecutivo -hay que subrayarlo- las organizaciones sindicales no pudieron garantizar el cumplimiento de su parte. Esta observación resulta obvia.

Así como sucedió en 2022, esta vez la provincia atestiguó cómo un sector mayoritario se rebeló contra la paritaria y los sindicatos, paralizando la educación pública durante 10 días en nivel primario y durante 7 días en el secundario, concentrando cientos y miles de manifestantes en las puertas del Centro Cívico, bloqueando con piquetes calles céntricas y rutas nacionales.

Esa masa inorgánica, donde la lucha colectiva se hizo poderosa, terminó quebrando el compromiso del gobierno de no reabrir la negociación salarial por fuera del ámbito paritario. Ni siquiera la amenaza del descuento fenomenal de cada día no trabajado, sirvió para desalentar la protesta. No hubo más alternativa que reincidir. Hacer lo mismo que se hizo el año pasado. Dialogar con aquellos que se dicen no representados por los sindicatos.

Este miércoles muchos deberían regresar a las aulas, porque la noche anterior se vio cómo se desgranaba la asamblea en las puertas de Casa de Gobierno. Se obtuvo lo máximo posible. Extender el paro eternamente no tendría un horizonte claro. Simplemente no hay más. Incluso se escuchó el lamento de uno de los referentes autoconvocados, Jorge Lozano, porque el acompañamiento se redujo drásticamente.

Ahora la ministra de Hacienda, Marisa López, tendrá que meter mano en la Ley de Presupuesto 2023 y redistribuir partidas, porque la plata originalmente destinada a salarios no alcanzará, de ninguna manera, para cumplir con el compromiso asumido con los autoconvocados.

Al 11,1 por ciento otorgado entre enero y febrero se sumará el 30 por ciento en marzo, otro 10 por ciento en abril y otro 10 por ciento en julio, totalizando 61,1 por ciento de mejora en los primeros siete meses del año. Además quedará otro 10 por ciento para septiembre, para alcanzar el 71,1 por ciento.

López tendrá que convocar nuevamente a la paritaria, a los tres sindicatos docentes, porque necesita cumplir con la formalidad: la paritaria sigue siendo el ámbito legal para sellar los acuerdos salariales. Los secretarios generales ya manifestaron su disconformidad cuando el gobierno abrió el diálogo paralelo con los autoconvocados. 

Sin embargo, la conducción gremial quedó desdibujada cuando no fue capaz de garantizar el dictado de clases. ¿Qué otra alternativa tenían Hacienda y Educación, más que negociar con los docentes directamente para intentar normalizar el ciclo lectivo? La organización clásica de los trabajadores demostró ser impotente.

Es una palabra interesante: organización. Precisamente la horizontalidad de los autoconvocados rozó la anarquía. En dos días de negociación con el gobierno presentaron cinco petitorios distintos. En 2022 había sucedido algo similar, fueron once petitorios diferentes. 

Es tan diversa la gama de salarios posibles en el ámbito educativo que hay una infinidad de intereses distintos. La propuesta que puede servirle mucho a unos, con seguridad no convencerá a otros. Se pudo ver en vivo y en directo por Canal 13 cuando votaban este martes en la asamblea sobre avenida Libertador. Los distritos que se pronunciaron por la aceptación de la propuesta fueron abucheados. 

Los voceros que ingresaron a negociar con el subsecretario de la Unidad Gobernación, Luis Rueda, con el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent, y con la ministra de Educación, Cecilia Trincado, el lunes por la tarde fueron acusados más tarde por la asamblea, por haber sido 'blandos' y no haber apretado más, para conseguir un incremento mayor.

La horizontalidad se tornó caótica. Nadie pudo unificar un petitorio que satisfaga a la totalidad. Lograr tal cosa resulta imposible. La unanimidad gira en torno de consignas amplias: 'un sueldo digno'. Por supuesto todos y todas están detrás de ese reconocimiento. Sin embargo, cuando hay que pasar los números en limpio, la dignidad puede medirse de muchas maneras diferentes.

Están los docentes de jornada simple, el famoso 'cargo testigo', en el piso de la pirámide. Ellos estarán interesados en mejorar sustancialmente el ingreso para ese primer escalón de sus carreras. Pero también están los que pelean contra el impuesto a las ganancias, porque superan holgadamente los 400.000 pesos, el mínimo no imponible. Son apenas dos ejemplos para pintar una complejidad mucho mayor.

Ese era el sentido original de la paritaria, poder unificar criterios, lograr conquistas progresivas. Así funcionó durante un tiempo. Pero ese contrato se rompió el 25 de mayo de 2022, cuando por primera vez el movimiento de los autoconvocados salió a manifestarse en número suficiente como para probar que no eran un grupo marginal o minoritario.

Nadie puede arrogarse la representación de los autoconvocados. Ninguna facción disidente de UDAP, UDA o AMET podría atribuirse la conducción de esa masa mayoritaria que paralizó las escuelas públicas. Fue, claramente, un reflejo de la coyuntura económica asfixiante. El INDEC le viene poniendo números a ese padecimiento a través del índice de precios al consumidor.


JAQUE MATE