Aún con el 20 por ciento del presupuesto 2020 destinado a obras públicas, un poco menos que lo asignado en este 2019 que finaliza, San Juan continuará siendo el año entrante la provincia que mayor compromiso asuma con el inversión en infraestructura. En el ajuste global, esta administración sigue quedando a flote, sacando cuentas muy finas para no quebrar el equilibrio fiscal.

Sin embargo, al levantar la copa el 31 de diciembre el gobernador Sergio Uñac sabrá que los recursos de la provincia quedaron 12 puntos por debajo de la inflación en los últimos doce meses. Y que esa realidad compromete bastante el futuro inmediato. Eso explica el tono de las reuniones de gabinete mantenidas con los ministros que se fueron y los que llegaron, más el encuentro con los intendentes salientes y entrantes. Siempre el foco estuvo puesto en la austeridad. Más que una decisión, parece una imposición del propio contexto.

Los números aquí expuestos fueron informados directamente por la ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López, el lunes pasado al presentar en Diputados la Ley de Presupuesto 2020, y el viernes en estos estudios en vivo en Banda Ancha. La contadora pública nacional tiene un panorama lo suficientemente claro como para hablar sin rodeos. Aparenta estar en una frontera, entre la cautela y la expectativa por las primeras medidas adoptadas por la administración de Alberto Fernández.

El 2019 que terminó con un 40 por ciento de argentinos y argentinas por debajo de la línea de pobreza, forzó la toma de decisiones de emergencia. Los refuerzos alimentarios en San Juan se ejecutaron frente a la parsimonia del gobierno de Cambiemos. Pero también se destinó fondos para activar obras nacionales al borde del abandono. Y al sostenimiento de políticas sanitarias que pusieron en riesgo a la población más vulnerable. Son solo tres ejemplos.

En esta toma de decisiones, hubo algunas postergaciones. Por ejemplo, la finalización del nuevo Hospital Marcial Quiroga prevista para 2019 quedó para 2020. Lo reconoció la directora del nosocomio, la doctora Inés Garcés. Hubo mejoras en el edificio, que se fueron habilitando paulatinamente. Sin embargo, la mole de Libertador y Calívar tuvo que entrar en un impasse, con la promesa de reactivarse aceleradamente en el corto plazo.

El caso alcanza para comprender la magnitud del tablero que debe sostener la administración provincial, cuidándose de caer en la quiebra, como le ocurrió al Estado allá entre 2001 y 2002, cuando la cesación de pagos derivó en el estallido social. Incurrir en una conducta temeraria en el manejo del gasto tendría consecuencias ya conocidas y vividas en la historia reciente.

Más allá de que se trata de un enero diferente, por estar empezando la presidencia de Fernández, podría interpretarse como un mes puente, hasta febrero, cuando habrá que convocar a los sindicatos estatales para acordar salarios en paritarias, empezando por los docentes, con fecha de inicio de clases prevista para el 2 de marzo.

La ministra López tuvo un par de definiciones en Canal 13 que dejan entrever la postura oficial. Dijo que no desalienta ninguna posibilidad, incluso la de continuar con la cláusula gatillo, que actualiza automáticamente los haberes según el índice de inflación. Pero también aclaró que el costo de esta mecánica ha sido muy elevado para la provincia.

La titular de la cartera de Hacienda sostuvo que, llegado el momento, le mostrará al gobernador el esquema de lo que se puede hacer. Y él tomará la definición final. ¿Entenderán los sindicatos que la situación pone en jaque a las reservas provinciales? Es la expectativa del gobierno. Aquel viejo y repetido argumento acerca de que gobernar no es únicamente pagar salarios públicos, sino velar por el conjunto de los 700.000 habitantes.

Dicho de otra manera, entender que, posiblemente, sea el turno de la solidaridad en la emergencia, a la sanjuanina.


JAQUE MATE