Cinco meses después, la misma dolorosa conclusión: cuando la culpa es de todos, la culpa termina siendo de nadie. La muerte absurda de Néstor Daniel Morales atacado por una jauría salvaje en el Parque de Tecnologías Ambientales (PTA) se encamina hacia la misma resolución que tuvo Florencia Ledesma, la joven fallecida el 1 de noviembre en Albardón en similares condiciones.

No perteneciendo a ninguna persona los animales, no cabe ninguna figura penal. Apenas alguna medida de contención, coyuntural, como salir a capturar a los canes para encerrarlos en una casa del Barrio Obrero Rawson, en plena zona residencial, a donde van a parar todos los perros judicializados. Allí les dan de comer y procuran que no se vuelvan a escapar. A veces se van, igualmente. Los vecinos son testigos de ello.

El secretario de Estado de Ambiente, Francisco Guevara, dijo este lunes en Banda Ancha que la situación de superpoblación de perros en San Juan es la peor imaginable. Es crítica. Toda decisión que se tome tendrá efectos en el mediano y largo plazo. La castración masiva, el fomento de la adopción y tenencia responsable, la sanción a los que abandonen cachorros, hasta la instalación de refugios a cargo del Estado, nada de esto cambiará drásticamente las cosas de la noche a la mañana.

Ni siquiera la peor de las medidas, aplicar un rifle sanitario inhumano e indiscriminado para exterminar a los perros en situación de calle, podría garantizar el punto final a un problema que es de larga data, cultural y que se retroalimenta a sí mismo. Como un monstruo que cobró vida propia. Creció por la desidia colectiva y con la vista gorda del Estado. Y se volvió inmanejable.

De otro modo, no se explica que en cinco meses dos personas hayan muerto de la misma manera. Es tan absurdo como real. No podría ser más real.

Mientras tanto a diario siguen arrojándose cachorros en cajas o bolsas en descampados. Algunos, los que tienen 'suerte', quedan deambulando en zona urbana. Entonces algún vecino caritativo les ofrece un tarrito con agua y alguna sobra de comida. Basta ese gesto para que los animales se apropien territorialmente de ese espacio público y se conviertan en un problema mayúsculo.

Huelga la aclaración, pero vaya igualmente por las dudas para evitar malos entendidos: el problema nunca fueron los perros. 

Están los otros, los que tienen menos suerte y son abandonados en zona inhóspita, donde no hay barrios ni villas, donde sobrevive solo el más fuerte, el que se adapta al entorno, el que revive aquella información genética de sus antepasados. El que aprende a cazar, porque si no lo hace no come.

Estos son los que forman las jaurías salvajes capaces de devorar a un ser humano. Así de brutal. Así de evidente. Nuevamente vaya la aclaración: el problema nunca fueron los perros.

Hubo un atisbo de picoteo político acerca de quién tiene mayor responsabilidad. Le tocó esta vez la tragedia al secretario de Ambiente, porque sucedió en el interior del gigantesco predio del PTA, en las estribaciones del cerro Parkinson. Podría haber sucedido en cualquier otra latitud. De hecho, a Florencia Ledesma la atacaron en Albardón.

Rápidamente el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, se quitó el lazo del cuello. Dijo lo obvio, que la muerte sucedió en jurisdicción de la provincia. Sin embargo, el municipio no podría jamás escapar a su cuota de responsabilidad. 

La Ley 2005-L que establece el Régimen de protección, bienestar y tenencia de los animales de compañía, invitó a los municipios a adherir, además de hacerlos parte en la tarea de rescate y alojamiento de perros callejeros. Ídem la Ley 2190-L de Perros Potencialmente Peligrosos.

La ley está para cumplirse. Pero este problema crítico -en términos de Guevara- desbordó incluso las formalidades jurídicas. No hay posibilidad de salir indemne luego de tamaña tragedia. No hay forma de mirar para el costado. No hay margen para especulaciones de ningún tipo. Se perdieron dos vidas en cinco meses en zona rural por ataques de perros cimarrones.

Guevara tenía previsto reunirse con Martín este lunes para acordar alguna acción en conjunto, pero primero tuvo que tratar con el personal del PTA que demandó -razonablemente- medidas de seguridad para seguir trabajando en la zona. Será saludable ver a ambos funcionarios asumir acciones coordinadamente. Pero sería un engaño pensar que esto sucedió en Rivadavia y antes en Albardón pero en ningún otro lado más.

Han pasado cinco meses desde la muerte de Florencia Ledesma y la cuestión de los perros abandonados a su suerte se convirtió nuevamente en un tema marginal, secundario en la agenda pública y mediática. Pero el problema no se disolvió. La mayor inversión en quirófanos móviles, el chipeo gratuito de perros de razas potencialmente peligrosas y la serie de convenios con municipios en toda la provincia son saludables, pero son todas medidas para el mediano y largo plazo. Ninguna será efectiva si no hay un decidido acompañamiento social.

Cada mascota hogareña sin esterilizar es un acto de irresponsabilidad. Cada mascota hogareña que sale habitualmente a deambular por el vecindario para reproducirse libremente, es un acto de irresponsabilidad. Cada compra de un perro de 'alta gama' en lugar de adoptar uno de los tantos animalitos que se encuentran en hogares de tránsito, es un acto de egoísmo. Cada camada de cachorros que se abandona en un baldío, es un acto criminal.

Solo puede haber muerte mientras sigan los actos criminales. Y claro que hay responsabilidades políticas, siempre las hay. Pero nadie piense que puede purgar su propia culpa, en la comodidad de su hogar, echándole en cara a un funcionario que no hizo lo que dependía de cada uno. Hacerse cargo empieza por casa.


JAQUE MATE