El próximo miércoles, la Cámara de Diputados comenzará la con el debate sobre la creación de un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional con dinero recuperado de la fuga de capitales. La reunión comenzará desde las 13:30 y contará con la presencia de especialistas en la materia, cuya lista se definirá en los próximos días.

El proyecto había sido presentado por el senador Oscar Parrilli, cuya impronta comprende la participación de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo que se espera que este cuerpo se incorpore a al tratamiento el miércoles.

El mismo había sido avalado en el Senado el pasado 12 de mayo con 37 votos positivos del Frente Todos y aliados, contra 31 votos negativos de Juntos Por el Cambio y otros monobloques. 

Por un lado, está la creación de dicho fondo y por el otro la modificación de las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal para ubicar los fondos fugados.

¿De qué se tratan los proyectos?

Se propone la creación de un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, el mismo estará constituido con moneda extranjera, dólares estadounidenses y sus recursos. El mismo durará hasta la cancelación de la deuda con el FMI en su defecto hasta que el poder ejecutivo lo autorice.

Los fondos que se recuperen serán usados exclusivamente para el pago de la deuda, en el que se deberán prever los montos reservados para los incentivos de los colaboradores que ayuden a identificar las reservas.

El Fondo será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía, y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.

Se busca que el aporte del blanqueo no represente una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos, "corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero".

Quienes estén alcanzados por la iniciativa deberán aportar un 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares. En caso de que pasen 6 meses de entrada en vigencia de la ley esta alícuota se elevará al 35% y quienes no accedan al pago del aporte correrán el riesgo de pena de prisión.

Se establecerá, además, la figura del colaborador, para quienes ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.

La iniciativa modifica las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, lo que le permitiría a los fiscales a cargo de la investigación de la causa no tener que esperar la autorización de un juez para acceder a esa información.