El próximo Defensor del Pueblo saldrá por resolución de la Cámara de Diputados, sin intervención de ningún otro Poder del Estado u organismo como el Consejo de la Magistratura. Así lo resolvió este jueves la Legislatura en su segunda sesión especial del ciclo 2019.

Se practicó una modificación a la ley de creación de la Defensoría del Pueblo que data de 1986 y que, entre otras cosas, establecía que el cargo era vitalicio. Tras el fallecimiento de Julio César Orihuela, el primer y único titular de esta oficina desde su creación, el sucesor ahora tendrá mandato por cinco años y con hasta una reelección posible.

Así lo explicó la diputada justicialista Marcela Monti, este jueves en rueda de prensa. Por otra parte, el futuro Defensor del Pueblo podrá ser removido por causales específicas a través del jurado de enjuiciamiento. La legisladora aclaró que la designación será simplemente por resolución de la Cámara de Diputados, por propuesta de los bloques.

Este último dato resulta polémico y ya mereció la crítica de algunos abogados identificados con la oposición como Diego Seguí y Marcelo Arancibia, quienes plantearon la necesidad de que los aspirantes a Defensor del Pueblo se presenten en un concurso público de oposición y antecedentes, para minimizar el factor de la afinidad política con el gobierno de turno.