Después de una larga espera, todo indica que el juicio oral y público contra el intendente angaquero José Castro se hará realidad en el corto plazo. Fuentes vinculadas al caso no dieron fecha precisa para que el jefe comunal se siente por primera vez en el banquillo de los acusados, pero aseguraron que “seguramente” será durante febrero. Le imputan graves hechos que lo podrían obligar a dejar el cargo.

Castro insiste en que mientras antes se haga el juicio, “mejor”. Aduce que es inocente y que lo quiere demostrar cuanto antes, al tiempo que tiene otros frentes de batalla. Hace poco se desató polémica con productores de su departamento por una serie de expropiaciones de lotes rurales y mantiene conflicto con el gremio SUOEM por la derogación del paso a planta permanente de 28 empleados durante la gestión de su antecesor, Carlos Maza, con quien está enfrentado.

El proceso judicial en su contra es por su anterior administración como intendente. Antes de terminar su segundo mandato consecutivo, en 2019, el Concejo Deliberante lo acusó y denunció por haber utilizado maquinaria y personal del municipio en un predio de Chimbas que es privado. El juez Bendicto Correa lo procesó por los delitos de malversación, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Cuando todo hacía suponer que no había motivos para dilaciones, la fiscal Claudia Salica requirió en junio de 2022 la elevación a juicio del caso. Pero el expediente no tuvo movimiento por más de un año y recién en junio de 2023 se dictó la clausura de la causa y pasó a estar a expensas de que los miembros de la Sala I de la Cámara Penal fijen fecha para el inicio del debate.

A todo esto, mientras la causa estuvo paralizada, Castro fue por la reelección. El año pasado se impuso en los comicios de su departamento y en diciembre asumió su tercer periodo de jefe comunal de Angaco. 

Las fuentes le confiaron a Canal 13 que es muy posible que la fecha de inicio de juicio se determine antes de terminar este año y adelantaron que “seguramente es en febrero”. O sea, comenzaría inmediatamente después de la feria judicial.

En el Palacio de Tribunales justificaron la demora de todo este año. Aseguraron que la Sala I absorbió los juicios pendientes del anterior sistema penal de las Salas II y III, que eso ha provocado una saturación y que se le está dando prioridad a los procesos con detenidos, por estar en juego la libertad de una persona.

El debate estará a cargo del tribunal que se conformó con los jueces Víctor Muñoz Carpino, Miquel Dávila y Juan Carlos Caballero. Deberán resolver si el intendente de Angaco es culpable y si fuera así, cuál sería la eventual pena que debería enfrentar.

Los delitos que le endilgan contemplan una pena que va de 2 a 10 años de prisión, pero eso no es todo. Como castigo accesorio está prevista la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, en cuyo caso Castro tendría que abandonar la jefatura departamental.