El Senado de la Nación busca aprobar este jueves una nueva Ley de VIH que remplace a la actual 23.798. Pasaría de ser un "enfoque biomédico" a un nuevo texto "con perspectiva de género y derechos humanos", que fue elaborado en conjunto con organizaciones que vienen impulsando esta reforma desde 2013.

El proyecto de ley nacional de respuesta integral, además, no está solo referido al VIH, sino que incorpora en una misma normativa a las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y la tuberculosis. La nueva legislación apunta a prohibición definitiva de la prueba del VIH y otras ITS como parte de los exámenes preocupacionales; la participación activa de las personas con diagnóstico positivo en el diseño de políticas; y la posibilidad de jubilarse anticipadamente en caso de situación de vulnerabilidad social.

La iniciativa destina todo un capítulo a "las mujeres y personas con capacidad de gestar", consagrando los derechos que les asisten en relación al acceso a la información sobre su propia salud y la del bebé, pero también sobre las opciones de parto "favoreciendo el derecho al parto vía vaginal". En ese sentido, establece que los programas de promoción de la salud y prevención del VIH, hepatitis virales, y otras ITS deben "tener en cuenta las discriminaciones y violencias que sufren las mujeres".

El texto también deroga el decreto Decreto 906/95 que establecía la obligatoriedad del test para ingresar o permanecer en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y crea instancias para combatir la "criminalización por la sola condición de la infección".

El pasado 5 de mayo, Diputados dio media sanción por 241 votos positivos y solo 8 negativos al proyecto, después de que el proyecto perdiera estado parlamentario en 2017, 2019 y 2021. En forma unánime y con más fuerza desde entonces, organizaciones de la sociedad civil y de personas viviendo con el virus reclaman la "urgente" sanción del proyecto porque "no hay más tiempo".

Es que el 17% de las 140 mil personas que conviven con el virus en Argentina desconocen el diagnóstico, mientras que cada año se registran un promedio de 4.500 nuevos casos diagnosticados y más de 1.300 muertes relacionadas con el Sida. Pero además, los años de medicalización producen un "envejecimiento prematuro", mientras que "la discriminación histórica" obstaculiza derechos básicos, como el empleo y con ello la posibilidad de acceso a una vivienda y una vejez digna.

Un estudio realizado en Argentina de la Iniciativa Spotlight y ICW, reveló que al 20% de las mujeres se le ha negado algún servicio de salud por tener VIH; y que casi 3 de cada 10 recibieron alguna vez el consejo de "no tener hijos" por parte de personal de salud.

 


fuente télam