En las últimas semanas las reuniones y negociaciones entre el Gobierno Nacional y los bloques dialoguistas y gobernadores ha sido fluida, pero desde este martes por la noche el Ejecutivo decidió no solo tensarla, sino endurecer su postura, asegurando que por el momento no negociará más puntos de la Ley Ómnibus, según informó Infobae.

La postura del presidente Javier Milei es clara frente a los no acuerdos con gobernadores y diputados de los bloques PRO, Hacemos Coalición Federal, Innovación e Independencia: no seguirá negociando. A esto hay que sumarle que allegados al mandatario nacional aseguraron que está dispuesto a retirar el mega proyecto que tenía 664 artículos y que con las modificaciones que se vieron obligados a hace, quedan 386. Esta posibilidad se daría si los legisladores dialoguistas no están dispuestos a dar quorum.

Tras respaldar a Guillermo Francos en sus cruces con los gobernadores, en Balcarce 50 admitieron este martes por la tarde que no estaban promoviendo diálogos con la oposición. “Ya no estamos tratando de destrabar nada. La sesión dependerá de si hay consenso para votar nuestro proyecto”, decían cerca del Presidente. Y aseguraban que, en caso de que ese acuerdo no existiera, estarían dispuestos a bajar la iniciativa completa.

Milei y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dieron algunas señales sutiles en ese sentido, on the record. Sobre el mediodía, el primer mandatario retuiteó en X el mensaje de un usuario que deslizaba la frase: “La ley, si pasa, pasa. Pero sino no va a ser un problema. Tenés el Presupuesto 2023; con la nominalidad que tenemos, aumenta la discrecionalidad de las partidas”. Poco antes, la única funcionaria del PRO en el Gabinete había deslizado en una entrevista: “Cuando los cambios ya son tantos y se deforma el objetivo, ya no sirve”.

Esas advertencias, realizadas con cautela en público, fueron transmitidas de manera más explícita en privado. Ante la dureza de la oposición, los asesores del Presidente les transmitieron a los jefes de los aliados que estaban dispuestos a bajar la ley, con la advertencia de que deberían cargar con la culpa por frenar los cambios estructurales que, según los libertarios, necesita la Argentina. “Tendrán que pagar el costo político”, dijeron, convencidos de que la opinión pública aún respalda de manera mayoritaria a la gestión libertaria.

Las advertencias surtieron efecto. En el albor de la tarde, después de varias horas de silencio, el bloque de la UCR reveló que contribuiría al quórum. La Coalición Cívica, también, al igual que Pro. Y en la misma línea se expresó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, que en las últimas 72 horas cambió de posición dos veces y en la tarde de hoy volvió a respaldar a los libertarios, aunque con condicionamientos. “Vamos a acompañar en general y vamos a estar planteando modificaciones en muchos artículos. Estamos de acuerdo en colaborar con el gobierno en sancionar la ley”, dijo. Y el jefe de Hacemos, Miguel Pichetto, hizo lo propio: “Hay que hacer un esfuerzo para que la ley salga”, dijo por radio.