A días de conocerse la fiesta en la que fue protagonista el genocida Jorge Antonio Olivera, celebrando las ‘Bodas de Oro’ junto a su esposa, ex presas y ex presos de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, les pidieron al Tribunal Oral Federal San Juan la revocación del beneficio de prisión domiciliaria, tanto para él como para Gustavo Ramón De Marchi.

Fue a través de una presentación que los ex presos políticos denunciaron el ‘régimen de privilegio del que gozan los genocidas a quienes se les ha concedido prisión domiciliaria modalidad de cumplimiento de pena. En particular, nos referimos a los incumplimientos por parte del triple condenado el genocida Jorge Antonio Olivera, hecho notorio publicado por medios nacionales y provinciales’, señalan en el escrito.

La presentación realiza un recorrido y hace un racconto por cada acción que llevó adelante Olivera, intentando evitar la cárcel.

‘Jorge Antonio Olivera fue enjuiciado por el Tribunal Oral Federal de San Juan que le impuso en tres Juicios de Lesa Humanidad, el máximo de la pena, Prisión Perpetua, por la gravedad de los delitos cometidos: homicidio agravado, torturas y tormentos, privación ilegítima de la libertad, secuestros, robos en la casa de las víctimas, violaciones, abuso sexual’, indica el documento y agregan que ‘desde que fue detenido por primera vez en el 2000 en el Aeropuerto de Fiumicino, Roma, utilizó todo tipo de estrategias para evitar su detención y juzgamiento’.

Los ex presos, apuntan a la fiesta y el beneficio del que cuenta tanto Olivera como De Marchi, al expresar que ‘festejar con una fiesta sus 50 años de casados, incluido show, a la cual asistió Gustavo Ramón De Marchi, quien también goza del beneficio de la prisión domiciliaria. En esta fiesta el genocida Olivera mofándose de su situación procesal, expreso “Viva la Libertad”. Creemos necesario como víctimas de la violencia perpetrada por estos genocidas expresar nuestra honda preocupación al observar que la pena impuesta por hechos de semejante gravedad no puede ser devaluada por el mal uso de un instituto de carácter humanitario como es la Prisión Domiciliaria, de la que gozan los genocidas’.

Al pedir la revocación del beneficio, el escrito pronuncia que ‘en vista de que a lo largo de los años que duraron los juicios nos hemos opuesto con fundamentos a lo solicitado por los represores y nuestras oposiciones no fueron tenidas en cuenta por el Tribunal actuante, es que solicitamos que esta vez seamos escuchados y se revoque las respectivas prisiones domiciliarias’, y cierra con la frase ‘Por más Memoria, Verdad y Justicia’.

A continuación, el texto completo del documento:

SOLICITA REVOCACION PRISION DOMICILIARIA

Señores Jueces del Tribunal Oral Federal San Juan

Como ex presas y ex presos de la dictadura cívico-militar-eclesiástica ejerciendo el derecho que nos asiste, denunciamos el régimen de privilegio del  que gozan los genocidas a quienes se les ha concedido prisión domiciliaria modalidad de cumplimiento de pena. En particular, nos  referimos a los incumplimientos por parte del triple condenado el genocida Jorge Antonio Olivera, hecho notorio publicado por medios nacionales y provinciales.

Jorge Antonio Olivera fue enjuiciado por el Tribunal Oral Federal de San Juan que le impuso en tres Juicios de Lesa Humanidad, el máximo de la pena, Prisión Perpetua, por la gravedad de los delitos cometidos: homicidio agravado, torturas y tormentos, privación ilegitima de la libertad, secuestros, robos en la casa de las víctimas, violaciones , abuso sexual

Desde que fue detenido por primera vez en el 2000 en el Aeropuerto de Fiumicino, Roma, utilizó todo tipo de estrategias para evitar su detención y juzgamiento. Ejemplo de ello es la presentación de un certificado falso de defunción de una de sus tantas víctimas Marianne Erize.

Cabe recordar que la Cámara Federal de Mendoza (cuyos integrantes fueron condenados posteriormente por crímenes de Lesa Humanidad) le concedió la excarcelación. Desde ese momento no se presento, ante reiteradas citaciones, ante el Tribunal Oral Federal de San Juan, manteniéndose prófugo hasta el año 2008 en que es detenido en su domicilio.

En el año 2011 comenzó el juzgamiento del Grupo de Tareas del RIM 22.La actitud de Olivera durante el transcurso de los juicios fue de falta de respeto al Tribunal y de provocación a las víctimas que daban su testimonio. Este juicio termino con una condena de Prisión Perpetua en el mes de julio de 2013.

 A los 20 días solicito atención médica (la que se podría haber realizado en San Juan) en el Hospital Militar en Buenos  Aires. Gestionada por su esposa Martha Ravassi, quien trabajaba en el hospital (en la declaración ante en Tribunal, Olivera dijo estar separado de su esposa). La  autorización para el traslado  fue concedida durante la Feria Judicial por un Juez Federal de Primera Instancia con competencia electoral. Olivera se fuga del Hospital Militar junto con Gustavo Ramón De Marchi, consorte de causa y fuga.

Estuvo fugado desde 2013 al 2017 y fue encontrado en el baúl del auto en la casa de su esposa Martha Ravassi. Fue trasladado nuevamente a San Juan donde se consustanciaron dos juicios mas, y condenado nuevamente a Prisión Perpetua.

Pese a tener todos estos antecedentes consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria, en el año 2021 por la Cámara de Casación. Mientras se encontraba en esta situación, urdió otra maniobra presentando un certificado médico sin fecha ante lo cual la Fiscalía y el Tribunal Oral Federal de San Juan, advirtieron  que era un nuevo acto de mala fe procesal y decidieron revocar la prisión domiciliaria, pero Casación optó por mantenérsela.

Resultante de esta “magnanimidad” de Comodoro Py, decidió festejar con una fiesta  sus 50 años de casados, incluido show, a la cual asistió Gustavo Ramón De Marchi, quien también goza del beneficio de la prisión domiciliaria. En esta fiesta el genocida Olivera mofándose de su situación procesal, expreso “Viva la Libertad”

Creemos necesario como víctimas de la violencia perpetrada por estos genocidas expresar nuestra honda preocupación al observar que la pena impuesta por hechos de semejante gravedad no puede ser devaluada por el mal uso de un instituto de carácter humanitario como es la Prisión Domiciliaria, de la que gozan los genocidas. Nuestra preocupación aumenta al observar la evidente vinculación de este hecho (la fiesta de Olivera) con el resurgimiento de las teorías negacionistas del Terrorismo de Estado sostenida  firmemente por la actual Vice Presidenta Victoria Villaroel.

Puntualizamos que el genocida  Jorge Antonio Olivera (jefe de la Patota del RIM22, por ser el oficial de Inteligencia) fue sentenciado por 26 desapariciones, 6 asesinatos, más de 120 personas privadas de libertad, sometidas a torturas y  tormentos, que pasaron largos años detenidos.

En el marco de la Ley de Protección de Víctimas y de la Ley de Ejecución Penal EXIGIMOS a los tribunales actuantes que hasta tanto se dicte la revocación del beneficio de prisión domiciliaria, ordenen los controles pertinentes por parte de los órganos administrativos que correspondiere (para los genocidas Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón De Marchi)

En vista de que a lo largo de los años que duraron los juicios nos hemos opuesto con fundamentos a lo solicitado por los represores y nuestras oposiciones no fueron tenidas en cuenta por el Tribunal actuante, es que solicitamos que esta vez seamos escuchados y se revoque las respectivas prisiones domiciliarias.

Por más Memoria, Verdad y Justicia