En el marco de las auditorías impulsadas por el Gobierno de Javier Milei para identificar irregularidades en la administración pública, se ha destapado un fraude millonario en el sistema de pensiones por discapacidad. Durante su última conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que 150 personas fallecidas seguían percibiendo pensiones por discapacidad, a pesar de haber muerto hasta 1.800 días atrás.

La investigación, llevada a cabo por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), implicó un minucioso cruce de datos con el padrón del ex ministerio del Interior. Los hallazgos revelaron que, además de las 150 personas fallecidas, otras 212 personas que habían sido procesadas, condenadas y encarceladas continuaban recibiendo pensiones no contributivas por invalidez laboral.

“Esto implica dos cosas. Primero, que alguien se hacía de dinero que no era de él y segundo, que este dinero sale del bolsillo de un contribuyente”, destacó Adorni, subrayando la falta de controles dentro del organismo que permitió que estas pensiones se siguieran cobrando tras el fallecimiento de los beneficiarios.

El monto total del fraude asciende a $1.355.000.000, un dinero que fue cobrado de forma indebida y que, según el informe, terminó en manos de 102 instituciones prestadoras a nivel nacional. El fiscal Guillermo Marijuán lidera la investigación sobre el marco legal que facilitó la flexibilización de los controles en la asignación de estas pensiones.