De cara al 2021, el Gobierno nacional busca impulsar que las jubilaciones y pensiones vuelvan a ajustarse por salarios y recaudación, como había ocurrido entre el 2008 y el 2017. La decisión se acordó este último lunes en el marco de una reunión que las principales espadas del Frente de Todos mantuvieron en el Ministerio de Economía, para definir la propuesta de movilidad que el Poder Ejecutivo Nacional pondrá a consideración de la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional.

Este proyecto es resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Anses y el Ministerio de Economía. La fórmula tiene como antecedente directo la establecida por la Ley 26.417, que estuvo vigente desde 2008 hasta su derogación en 201,7 y sus elementos constitutivos básicos, los salarios y la recaudación (en un 50% cada uno).

De acuerdo a lo que informó el Ministerio de Economía, la fórmula que se propone es "sustancialmente la misma a la sancionada en el 2008 y que resultó en una mejora sostenida en el poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas hasta el 2015". En este sentido se espera que la fórmula, que deberá comenzar a regir en el 2021, a diferencia de la sancionada en 2017, generará un incremento del poder adquisitivo de los haberes, gracias al aumento del salario real y de los recursos de ANSES.

Asimismo Economía consideró que "una fórmula atada a la inflación no es deseable en la Argentina. Porque los ingresos de las jubiladas y los jubilados han perdido poder adquisitivo y el objetivo político es recomponer esos ingresos". Es por ellos que desean incluir la recaudación en la fórmula que permite compartir el crecimiento y, al mismo tiempo, cuidar la sustentabilidad fiscal.

Al mismo tiempo consideró que la nueva fórmula de movilidad permitirá "reducir el actual déficit previsional, dado que, si bien el salario real aumenta junto con el crecimiento económico, lo hace menos que los recursos tributarios. Lo importante es lograr la sustentabilidad a largo plazo del sistema, en el marco de una trayectoria fiscal que permita ganar espacio de política para ir generando más y mejores políticas redistributivas”.

Por otro lado la nueva fórmula fija un tope a los aumentos anuales, que no podrán ser superiores al crecimiento de los recursos totales de ANSES (multiplicado por 1,03). "Este tope estuvo vigente entre 2009 y 2017 y es clave para garantizar la sustentabilidad del sistema de seguridad social, evitando que los gastos crezcan sistemáticamente más que los recursos y el déficit previsional crezca sin control (como sucedió entre 2016 y 2019)", señalaron.

Por otro lado, el proyecto propone volver a hacer ajustes semestrales con un rezago mínimo, para disminuir la volatilidad y reducir la pérdida de poder adquisitivo ante shocks inflacionarios como los observados en 2018 y 2019. Además plantea ajustar el componente de salarios por el RIPTE, que se trata de un "índice transparente que no ha sido objetado judicial ni políticamente. Se construye sobre la base de registros, de trabajadores formales y sobre remuneraciones ciertas".

En cambio, sostiene que las mediciones del INDEC (que son muy útiles a otros efectos porque captan la evolución de los salarios del sector informal) "se basan en encuestas que incluyen trabajo informal". También se indicó que con la nueva Ley de Movilidad buscarán el consenso entre todas las fuerzas políticas. La reglamentación e implementación de esta ley recaerá en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y en la ANSES.