La Rioja presentó el primer planteo ante la Corte Suprema contra el DNU 70/2023 de desregulación económica firmado días atrás por el presidente Javier Milei en acuerdo de ministros. Lo hizo con el patrocinio del exjuez cortesano Eugenio Raúl Zaffaroni, busca que se declare inconstitucional y se haga lugar a la suspensión. La Corte lo giró a la Procuración y avisó que lo tratará después de la feria de enero.

Además la provincia pidió que se dicte una medida cautelar para que suspenda los efectos del DNU, que entró en vigencia este viernes 29.

La presentación entró este jueves 28 de diciembre al Sistema y se encuentra en la Secretaría de Juicios Originarios. Este viernes es el último día de funcionamiento judicial previo a la feria de verano, que tendrá al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, como autoridad durante todo enero. Sus pares Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti estarán del 1° al 7 de enero y del 1° al 5 respectivamente.

Ante ese panorama, Zaffaroni y el constitucionalista Raúl Ferreyra, los patrocinantes, le pidieron a la Corte que habilite la feria para tratar el pedido. En una primera resolución, el Máximo Tribunal dispuso darle intervención a la Procuración General para que dictamine. También avisó que ‘estudiará las cuestiones sometidas a decisión luego del receso correspondiente a la próxima feria judicial del mes de enero’.

Ricardo Quintela, gobernador riojano, justificó en redes sociales la presentación al decir que el DNU en cuestión ‘produce perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario’ a artículos de la Constitución Nacional y de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

En el escrito de 30 carillas sostiene que la medida cuestionada ‘afecta concretamente a la provincia de La Rioja por cuanto se alteran múltiples actividades productivas y económicas, y se conmueven relaciones jurídicas que el Estado provincial mantiene con terceros". Además, plantea de entrada que la Constitución "ha sido amenazada y alterada" por el decreto, lo que representa una "distorsión del orden constitucional federal".

Después, el escrito planteado ante la Corte repasa que el instrumento se incorporó con la reforma constitucional de 1994 y que si bien hasta el momento se dictaron casi 900, ‘jamás un DNU había pretendido borrar masivamente tantas leyes’. Cita, a su vez, el artículo 99 inciso 3 de la Carta Magna, que prohíbe al Ejecutivo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones legislativas.

En los considerandos del mencionado decreto no hay motivo por el que no hubiera podido transitar el trámite legislativo. Mucho menos, agrega, ‘se aprecia la necesidad ni la urgencia de implementar medidas regulatorias de amplio y diverso alcance’. A su vez, lo calificaron como una desregulación ‘contradictoria’, ya que gran parte de la medida está dedicada a nuevas regulaciones y no sólo a derogaciones.

Más adelante, los autores de la presentación recordaron que en 2018 el Ejecutivo con Mauricio Macri en la Presidencia dictó un DNU (el 27/2018, de Desburocratización y Simplificación) que también tenía modificaciones legislativas y fue denunciado penalmente. ‘Tuvo que presentar proyectos de ley de similar contenido para esquivar las impugnaciones judiciales’, señalaron.