Este miércoles el presidente del partido opositor Dignidad Ciudadana, Gustavo Fernández, formalizó ante la Justicia otra presentación para frenar la candidatura a gobernador de Sergio Uñac este 14 de mayo.

En realidad, la fuerza integrante de Juntos por el Cambio acudió a la Cámara de Apelaciones con la intención de forzar a la titular del Séptimo Juzgado Civil, Vilma Emilce Balmaceda, a expedirse sobre la constitucionalidad de la candidatura de Uñac.

La magistrada en primera instancia rechazó 'in límine' el planteo original, una acción declarativa de certeza, por considerarse incompetente. La magistrada entendió que la autoridad apta para resolver es el Tribunal Electoral.

Como es sabido, Uñac anunció que buscará otro mandato consecutivo en los comicios del 14 de mayo, pero su candidatura se inscribirá recién el sábado 25 de marzo de acuerdo al calendario electoral establecido.

En nombre propio, Fernández acudió este miércoles a primera hora a los tribunales, en el primer día hábil tras la feria judicial. Lo acompañaron el apoderado del partido, Fernando Moya, y los abogados Miguel Arancibia y María Elizabeth Lucero.

'Lo que pedimos a la Cámara de Apelaciones es que revoque la sentencia del 27 de diciembre de 2022. Y que la Jueza se expida sobre el tema de derecho que planteamos, es decir, para que de certeza a la población respecto de cuántos periodos habilita la Constitución Provincial para la repetición de mandato y, así, dilucidar sobre la pretensión del actual gobernador Uñac', expresó Fernández a través de un comunicado.

El dirigente capitalino advirtió que la jueza es plenamente competente para declarar certeza de un texto constitucional, no para impugnar una candidatura que todavía no se concreta. Solo después del 25 de marzo, cuando estén las listas inscriptas, entendería el Tribunal Electoral.

En la presentación, Dignidad Ciudadana cita un antecedente del año 1998, cuando el entonces gobernador Jorge Alberto Escobar tuvo dudas sobre si tenía un periodo más. En esa ocasión, la Justicia Civil fue competente para dar certeza constitucional. También mencionaron la causa imulsada por el partido capitalino en 2011.