En tiempo récord, este lunes las dos cámaras de la Legislatura de Mendoza derogaron la Ley 9.209 que reemplazaba a la 7.722 y que permitía el uso de cianuro y ácido sulfúrico para darle vía libre a la minería a cielo abierto en la provincia cuyana. De esta manera, terminó de caerse la primera iniciativa del gobernador radical Rodolfo Suárez, que había prosperado con velocidad en el parlamento pero se topó con un fuerte frente de resistencia social. Tuvo que dar marcha atrás.

El proyecto de derogación ingresó este lunes en la cámara alta provincial para ser tratado sobre tablas, y los senadores le dieron media sanción, por 34 votos afirmativos, y dos en contra, de lo justicialista Hilda Quiroga y la legisladora de Cambia Mendoza, Gladys Ruiz. Ambas son representantes de Malargüe, el departamento cuasi patagónico, netamente minero.

La legisladora peronista, en su alocución en el recinto, afirmó: "Pedimos solidaridad, somos capaces de hacer minería con los controles de los países más avanzados del mundo", afirmó.

En tanto, la senadora oficialista, cargó contra el resto del recinto que apoyó la derogación, y citando un pasaje bíblico, sentenció: "Si a Jesús lo crucificaron diciendo que quería salvar al mundo, digo lo mismo que él: 'Perdónalos, Señor, no saben lo que hacen'".

Al tener media sanción por parte de la cámara alta, la norma fue girada de inmediato a la Cámara de Diputados para que sea tratada sobre tablas. Tras un debate exprés, le dieron sanción definitiva y sepultaron la minería metalífera a gran escala en territorio mendocino.

En consecuencia, vuelve a regir la Ley 7.722, que ahora debe ser promulgada nuevamente por el Ejecutivo, y publicada en el Boletín Oficial para que tenga plena vigencia.

En Diputados la derogación tuvo tres votos negativos de legisladores pertenecientes a Cambia Mendoza: Guillermo Mosso (PD), Hebe Casado y Gustavo Cairo (PRO). Hubo además un ausente, según informó Ámbito Financiero.