Este miércoles por la mañana, el secretario de Modernización de Rawson y abogado Adriel Fernández ofreció detalles sobre la expropiación de "La Superiora", el inmueble destinado a la recreación cultural y comercial del departamento que Munisaga decidió darle protagonismo, cuyo abrupto pago mantiene en vilo al municipio por culpa de una grave situación que comenzó a gestarse en 2012, durante la gestión de Juan Carlos Gioja, y que ha atravesado un complejo proceso judicial hasta el presente.

Fernández explicó en una línea temporal que el proceso inició hace años, con la aprobación del Consejo Deliberante de Rawson para declarar la utilidad pública y la sujeción a expropiación del inmueble, iniciando así una distancia administrativa. Sin embargo, en ese momento al no llegar a un acuerdo sobre el pago, intervino el Tribunal de Tasaciones, que en 2012 fijó un importe de $5.800.000. El secretario destacó que: "Técnicamente no había una intervención judicial hasta el momento, pero ya con esa tasación y con estos pasos previos, comienza la demanda judicial".

En este contexto, se produjo una nueva tasación del Tribunal, culminando en 2017 con un valor de $6.800.000. La jueza Adriana Tetamanti, a cargo del caso, validó esta tasación, lo que arrojó una deuda de capital de un millón de pesos más intereses. El secretario se tomó un momento en la explicación y destacó el arduo trabajo realizado por peritos contratados por ambas partes para determinar el valor del inmueble, utilizando diversas fuentes, incluidos clasificados y portales digitales.

El conflicto se complicó con la apelación del municipio, que solicitó que no se aplicaran intereses con tasa activa, sino con tasa pasiva. En 2020, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería dio la razón al municipio, indicando que debía aplicarse la tasa pasiva: "El Tribunal de Tasaciones es correcto, así que no se han aportado elementos para poder tachar de arbitraria esa tasación. Ganó el municipio en primera y en segunda instancia", comentó el abogado.

La situación dio un giro en 2023 con una modificación legislativa de la Ley de Expropiación, que introdujo elementos que Tetamanti no tenía disponibles en su sentencia anterior. La Corte de Justicia de San Juan respaldó la tasación original, afirmando que no había errores en el proceso, y validó la aplicación de la tasa pasiva.

Fernández subrayó la dificultad de valorar el inmueble en términos actuales, siguiendo las condiciones de 2012, debido al paso del tiempo: "Es un ejercicio difícil, porque es volver al pasado 11 años. Tratar de fijar un valor que no perjudique a ninguna de las partes es complejo", añadió.

El conflicto se intensificó en junio cuando se solicitó una nueva tasación, la cual, sorprendentemente, se realizó en menos de un mes. Esta tasación fijó un valor de 1.474 millones de pesos, un salto significativo desde los 6,8 millones anteriores. El abogado criticó la falta de participación de las partes en este proceso y la metodología utilizada para calcular el valor: "El Tribunal de Tasaciones toma como referencia el dólar blue y no cita ningún portal oficial. Hay un supuesto de nulidad gravísimo porque no nos permitieron aportar pericias", indicó.

La situación actual deja al municipio en una posición precaria. El encargado de Modernización dijo que: "Cuando subimos en la nueva gestión no teníamos ni un machete, claro, con todas las causas que dejó el anterior intendente Rubén García. Nos enteramos de esta causa por el propio acreedor, que se presentó en el municipio para cobrar una deuda y una sentencia que podría ser ejecutada".

La administración actual planteó la nulidad de la tasación, argumentando que no se respetó el procedimiento adecuado. La respuesta de la jueza fue negativa, pero el municipio sigue buscando alternativas legales para defender los intereses de sus ciudadanos. "Hoy están en ascuas por saber si les van a conceder o no la posibilidad de resistir el pago. Son 140 mil vecinos y vecinas que no saben si les va a tocar nacer en el municipio más pobre de San Juan porque tienen una deuda gigantesca en sus espaldas", concluyó el secretario.

La posibilidad de recurrir a instancias superiores, como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aún está sobre la mesa. "Vamos a agotar todas las instancias para defender los intereses de nuestros vecinos y vecinas, como no lo hizo la gestión saliente", finalizó Fernández.