La Mesa por el Aborto Legal de San Juan se expresó a favor de la resolución que otorgó una cautelar a Franco, el hombre que quiere evitar que su esposa aborte. Las feministas acusaron a los jueces y a la Obra Social Provincia de cometer "violencia".

Los jueces Carlos Noguera Ramos, Juan Carlos Pérez y Sergio Rodríguez de la Sala III de la Cámara Civil resolvieron darle lugar a la cautelar que presentó un hombre que tenía como fin impedir el aborto de su esposa. "La resolución dictada resulta absolutamente lesiva de la intimidad de mujeres y personas gestantes y convalida violencia sexual, violencia institucional de la obra social y del servicio de Justicia", manifestaron desde la Mesa por el Aborto Legal.

Asimismo, en un comunicado, las integrantes de la mesa apuntaron contra los magistrados por "omitir considerar que en este caso no hay responsabilidad parental ya que no existe hijo en común" y también "omitir deliberadamente lo reglado en la ley 27.610, que legaliza las interrupciones voluntarias del embarazo". En este marco destacaron la imperiosa necesidad de exponer "que es voluntad exclusiva y personalísima de toda mujer y persona gestante, ejercer la opción de interrumpir o continuar un embarazo".

"Es necesario manifestar el absurdo de la resolución de los jueces Noguera Ramos, Pérez y Rodríguez en los que según el
criterio de la Cámara Civil, uno de los cónyuges puede demandar válidamente sobre el cuerpo de su cónyuge para obligar en contra de su voluntad a someterse o no a un procedimiento médico", señalaron. “Tal es el absurdo de esta conclusión que, con el criterio exteriorizado por la Cámara, una mujer podría ser obligada a abortar por orden judicial. Si su cónyuge quiere que aborte, podrá, con este criterio, recurrir ante la justicia para argumentar y solicitar que los tribunales la obliguen a someterse a un aborto por la fuerza", ejemplificaron.

"La intromisión de toda persona y la exposición mediática de toda mujer y persona gestante sobre su derecho a
decidir, no solo atenta contra su dignidad y provoca daños en su integridad psíquica sino que se constituye en violencia sexual", sostiene el texto, que hace referencia a la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. La normativa mencionada, en vigencia en la provincia desde 2019, considera "violencia sexual" a "cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva".

En este contexto, pidieron "la revocación inmediata de la resolución por ser una medida que atenta contra los derechos de la mujer" y "realizar las actuaciones correspondientes a la Justicia Penal para investigar delitos de obstrucción al derecho de Interrupción Voluntaria del Embarazo por parte de la Obra Social Provincia".