Finalmente este jueves por la tarde el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) aprobó el cupo laboral trans en la alta casa de estudios. El proyecto de ley fue presentando en conjunto por Ideas, AMMAR SJ y 22 de Enero, que buscaba que la universidad adhiera a la ley nacional sancionada en junio del 2021. "Es un antes y un después para nosotras", aseguró Mónica Lencina, secretaria general de AMMAR.

Durante la sesión del Consejo Superior, Mónica Lencina pidió el espacio para que fueran escuchadas. "Planteamos el caso de nuestra excompañera 'Pichona', recibida en Ciencias de la Educación, que le cerraron las puertas en la provincia por ser trabajadora sexual y militante de los derechos", recordó.

"Tuvimos que interrumpir diciendo que nos dieran la oportunidad de hablar, que escucharan nuestras voces y lo que teníamos que decir desde San Juan", explicó la secretaria general. Aprobada la ley, resta que se implemente en todos los estamentos de la universidad con una comisión que se encargará de regularla. "Como organización vamos a hacer el seguimiento correspondiente para ver a quiénes ingresan", cerró Lencina.

Por su parte, Celina Marín, integrante de Ideas explicó que el debate de las organizaciones como AMMAR fue importante ya que "hablaron de la importancia de lo que se está pidiendo, que no es más ni menos que el derecho al trabajo". "También se habló de generar más oportunidades, después de tantos años de exclusión y marginalidad en el ámbito laboral", agregó.

En este sentido, a finales de mayo se abrirá la convocatoria para sumarse a la comisión que pondrá en marcha la adhesión de la tan esperada ley. "Hemos pedido que se trabaje en un plazo no mayor a 45 días para que efectivamente se implemente en la universidad. Creemos que es un gran paso que se ha dado pero todavía falta", sostuvo Marín.

Las organizaciones habían presentado hace más de un año el proyecto, teniendo en cuenta la ley nacional que establece un cupo de al menos 1% en el sector público. Además la nueva reglamentación estipula que los antecedentes penales y la terminalidad educativa no sean obstáculos para la comunidad trans al momento de acceder al puesto labora en la universidad.