Cañones anti-tormentas: la Defensoría exige que se regule con certificados de impacto ambiental
Florencia Peñaloza, a cargo de la Defensoría del Pueblo de San Juan, abordó la problemática contra estos sistemas que impiden que llueva, detallando antecedentes y exigiendo responsabilidad por parte del Gobierno.
En una entrevista exclusiva en el programa Banda Ancha, la nueva Defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza, abordó diversas temáticas, entre ellas, la polémica en torno a los cañones anti granizo que generan preocupación en la provincia desde el año pasado.
Peñaloza expresó su gratitud por asumir su nuevo rol y destacó las acciones que están perfilando dentro de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, uno de los temas que resaltó es la preocupación por los cañones anti granizo, los cuales han generado controversia entre productores y comunidades de zonas alejadas de la provincia, como Sarmiento, quienes denunciaban que estos aparatos estaban afectando las lluvia, muy necesarias para el cultivo y ganado.
La Defensoría asumió justo en medio de esta controversia, cuando los reclamos se viralizaban cada vez más. Peñaloza señaló que el reclamo no solo venía de los productores, sino también de diversos sectores de la provincia, especialmente afectados por la emergencia hídrica y la escasez de agua.
"Uno de las principales facultades que tiene la Defensoría es la protección del medio ambiente, y teníamos la obligación de actuar en consecuencia", afirmó Peñaloza. Ante la falta de instrumentos legales sobre estos sistemas anti tormentas, la Defensora explicó que los Estados Partes no pueden alegar falta de conocimiento para no regular acciones que puedan afectar el medio ambiente debido a que hay documentos que prueban antecedentes por estas mismas razones denunciadas desde el 2014.
Peñaloza solicitó al Poder Ejecutivo un relevamiento y regulación de estos sistemas hasta tanto se comprobara que no afectaban el medio ambiente. También señaló que tuvieron dificultades para delegar la responsabilidad sobre el tema, pero finalmente encontraron una iniciativa del gobernador para una ley que regule los rompe tormentas, basada en los criterios establecidos por la Defensoría.
La posición jurídica de la Defensoría es la regulación, no la prohibición de estos mecanismos. Peñaloza destacó la importancia de solicitar un certificado de impacto ambiental para estos dispositivos, como se requiere en cualquier actividad que pueda perjudicar el medio ambiente: "Si nosotros tenemos un certificado que no impacta, lo regularemos", afirmó. La Defensoría busca garantizar la protección del medio ambiente y la tranquilidad de los sanjuaninos mediante una regulación responsable y basada en criterios ambientales.