Marcelo Arancibia, abogado y dirigente del GEN, pasó por Cien por Hora y expresó su preocupación respecto a la reciente modificación del decreto reglamentario 27.275, que regula el acceso a la información pública en Argentina. Según el abogado, la nueva reglamentación representa un "retroceso muy grande" en materia de transparencia y rendición de cuentas del gobierno.

"Este decreto es un instrumento que ha permitido a la ciudadanía acceder a información que, de otro modo, sería difícil de alcanzar", señaló Arancibia. Además, destacó que gracias a esta ley se pudieron avanzar investigaciones judiciales importantes, como el caso de Alberto Fernández y las denuncias de violencia de género. 

Para el dirigente del GEN, la nueva versión del decreto obstaculiza el acceso a información crucial sobre los funcionarios públicos, bajo el argumento de proteger la "faz privada" de estos. "Si este decreto hubiese estado en vigencia antes, no se habría sabido nada sobre la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez durante la cuarentena en 2020 o de las visitas a la residencia de Olivos", advirtió.

Arancibia subrayó que el impacto no es solo en términos de transparencia política, sino que también podría afectar la posición de Argentina en organismos internacionales. "Ayer, el jefe de gabinete mencionó que se podría revisar la norma si afecta el acceso a la información pública, pero luego, Santiago Caputo, uno de los pilares del gobierno, dijo que si quieren cambiarla, tienen que ganar las elecciones. Esto es un claro mensaje de que el poder se circunscribe solo al Ejecutivo", criticó el abogado.

Además, remarcó que esta ley no solo beneficiaba a la prensa y a la ciudadanía, sino que permitía conocer detalles sobre proyectos de ley y resoluciones con impacto económico. "Este decreto podría impedir que la sociedad sepa si un empresario o sindicalista está haciendo lobby para obtener un beneficio arancelario", agregó.

Finalmente, Arancibia concluyó que este tipo de modificaciones vulnera los principios de una república democrática. "Se trata de un atentado a la transparencia y al control del poder. La única legitimidad no la dan solo los votos, también está la necesidad de rendir cuentas", sentenció.