Una familia en el barrio Conjunto 2, en Chimbas, vive momentos de desesperación al enfrentar un inminente desalojo. Resulta que una mujer, madre de tres chicos menores de edad, alquilaba una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) bajo un contrato que, según ella, resultó ser inválido. Ahora, tras un proceso judicial, se le ordenó desocupar el inmueble en un plazo de 72 horas, lo que la ha dejado en una situación angustiante sin saber a dónde ir con sus hijos.

En una conversación con este medio, la mujer relató su complicada situación: "Hicimos un contrato de alquiler por 90 días. La dueña me dijo que era por si el barrio resultaba inseguro para nosotros y decidía irme, pero a los dos meses de vivir ahí, ella vino y nos pidió la casa. No teníamos a dónde ir, así que no me quedó otra que pedirle una fotocopia del contrato y empezar a moverme, buscando ayuda en el municipio de Chimbas".

La situación se volvió más crítica cuando, al presentar la documentación en la municipalidad, descubrió que el contrato que había firmado no era válido: "A la semana me notificaron que el contrato no servía, que la ley que ella me había puesto no estaba vigente. El tiempo estipulado no era correcto, ya que el alquiler debía ser por dos o tres años. Sin embargo, ella no quiso reconocer nada y me siguió cobrando", explicó la mujer con impotencia.

El 14 de junio fue la última vez que la propietaria del inmueble le cobró, además de aplicar un aumento inesperado en el alquiler. "Me vino a cobrar el aumento, porque en junio me subió el alquiler a 90.000 pesos. Yo venía pagando 70.000 al mes, pero ese mes me cobró 90.000", detalló. Sin embargo, pocos días después, el 18 de junio, la mujer recibió una carta documento que la notificaba del desalojo.

Desesperada, la madre de familia buscó la ayuda de un abogado y comenzó a realizar los trámites correspondientes: "Hemos pasado ya por dos audiencias y en la última, hoy mismo, el juez me ordenó desocupar la casa en 72 horas. No tengo a dónde irme. Tengo una hija de 11 años que va a cumplir 12 a fin de año y le han detectado epilepsia. Con ella no me puedo ir a la calle", expresó con angustia.

A pesar de sus esfuerzos por encontrar una solución, la familia denuncia no haber recibido apoyo suficiente ni del gobierno ni de otras instituciones: "No me dan ninguna solución, ni el gobierno ni nadie. No tengo notificación de nada", lamentó la madre, quien busca desesperadamente que las autoridades tomen medidas para proteger a su hija y evitar que se queden sin hogar.

La mujer también destacó que cuenta con testigos que pueden corroborar que ella no ingresó al inmueble de manera ilegal: "Tengo testigos que van a declarar que no usurpé la casa, que entré con un alquiler. Pero el juez no permitió que los testigos declararan en la audiencia", afirmó, dejando claro que no actuó de manera indebida y que su única intención ha sido brindar un hogar seguro a sus hijos.

La situación llegó a un punto crítico, y la familia espera que las autoridades intervengan de inmediato para evitar que queden en la calle. "No lo hago por mí, sino por la salud de mi hija", concluyó la madre, haciendo un llamado al gobernador y a quienes puedan ayudar a resolver este desesperante caso.