Este martes, el asesor letrado del gobierno de San Juan, Carlos Lorenzo aseguró que en la provincia actualmente existen 22 casos de empleados públicos que a pesar de estar sumariados continúan cobrando su salario.

El funcionario aclaró que los casos están divididos en diferentes ministerios, aunque la mayoría son trabajadores de las áreas de salud y educación.  Sobre estos casos puntuales, Lorenzo señaló que son en los que están priorizado porque ‘significan un costo, y por lo tanto una injusticia’.

Entre los castigos que les podrían corresponder a cada uno de los empleados en cuestión, el asesor letrado detalló que pueden ser una cesantía, exoneración o suspensión de días sin goce de sueldo.

‘Nos hemos encontrado con un sumario de 2008, y todavía no se termina’, contó Lorenzo, y luego agregó: ‘Antes un sumario se demoraba un año y medio y en ese tiempo logramos reducirlo a seis meses, como el del empleado de salud pública al que le encontraron cocaína en la movilidad de trabajo y en cinco meses se resolvió que era culpable'.