Hace breve momentos, el Gobierno de San Juan declaró a los medios ilegal la medida de fuerza convocada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), tras los reclamos por la interrupción del servicio de colectivos durante la mañana. Si bien, desde el gremio respondieron que no se trataba de una medida de fuerza, justificándolo como una charla que tuvieron los delegados con algunos choferes de línea, la ministra de Gobierno, Laura Palma, afirmó que "habrá sanciones para las empresas de colectivos" debido a las irregularidades detectadas.

Palma explicó que "las medidas que haya tomado UTA son totalmente ilegales, no han sido comunicadas al gobierno, no hay un proceso de conciliación abierto. Se van a tomar las sanciones que correspondan contra las empresas de transporte que no hayan prestado el servicio de debida forma y contra el sindicato" señaló.

La ministra destacó que el conflicto debería quedar entre las partes involucradas y no afectar a los usuarios: "Entendemos el pedido salarial que existe por parte de los empleados, pero no queremos que los sanjuaninos queden rehenes de un conflicto que es laboral y termina perjudicando al usuario como esta mañana que hemos tomado conocimiento de que se han retrasado algunas unidades o que no han levantado pasajeros".

Palma señaló que la situación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la paritaria nacional cerró una cifra millonaria que se debe pagar a partir de junio, es muy diferente al resto del país, y que este mismo planteo se traslada a las provincias del interior, donde no se pueden negociar las mismas condiciones debido a la falta de subsidios nacionales. "En todas las provincias está pasando lo que pasa acá en San Juan, donde no se puede negociar las mismas condiciones. Tenemos el AMBA con un subsidio nacional que en las provincias no existe y creo que también se tienen que adaptar a la situación de nuestra provincia.

"No se ha llegado a un acuerdo, entiendo, entre ATAP y los empleados", explicó Palma. La ministra concluyó reiterando la medida ilegal porque "no nos habían comunicado la medida de fuerza".