“Hay personas que todavía regentean las zonas de trabajo y lo hemos denunciado. En algunas esquinas, algunas ex trabajadoras sexuales quieren que las chicas nuevas les paguen porque creen que las esquinas les pertenecen. Les quieren cobrar porque dicen que ellas hicieron que esas esquinas sean famosas”, denunció Mónica Lencina, referente del sindicato de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR San Juan).

La dirigente, aseguró que las trabajadoras no deben pagarle a nadie por ofrecer sus servicios en la vía publica. “La vereda no es de nadie, entonces les enseñamos que no deben pagar. Pero por ahí hay conflicto en en la zona de trabajo por ese problema”, comentó.

Esta problemática, se suma a las numerosas que tienen las trabajadoras sexuales en la provincia, según contó Lencina.

Es que, tras las restricciones por la pandemia, la demanda de los servicios sexuales cayó estrepitosamente, aseguró. “Está todo muy parado porque, primero, la situación socioeconómica del país no es ajena a San Juan. Obviamente que la plata no alcanza para nada no solo a nosotras sino tampoco a los clientes. Salir a pagar el servicio, el hotel y todo es muy caro. La demanda ha bajado mas del 50% y en épocas de pandemia cayó al 100%”, señaló.

Es que, por las restricciones y el miedo al Covid 19, se hizo muy difícil para las trabajadoras sexuales conseguir clientes. Sin embargo, Lencina reconoció que creció la venta de contenidos a través de redes, videollamadas, etc.

Otra de las dificultades para algunas trabajadoras es el acceso a la salud. “En teoría podemos tener lo que son preservativos, las chicas se están hormonando, pero faltan cirugías para las compañeras trans. Pero estamos en diálogo para que eso cambie también en San Juan”, dijo.

“Sabemos que una ley no lo soluciona todo. Las compañeras trans tiene la ley de Identidad de Género donde hay un artículo que dice que el Estado les tiene que proveer las cirugías y esta provincia no lo hace. Si en Buenos Aires, por ejemplo, pero San Juan mira para otro lado y no da las soluciones correspondientes. No se hace porque no hay predisposición porque la ley también prevé que haya un presupuesto para este tipo de operaciones”, sostuvo.

Y agregó: “así como se les intima a las personas que les den su cambio en el DNI según como se auto percibe, también se le tiene que adecuar la cirugía correspondiente, depende del género que se auto percibe la compañera”.

La seguridad de las trabajadoras también es una materia pendiente para la dirigente. Dijo que, en numerosas ocasiones, las trabajadoras son víctimas de abusos y violencia por parte de algunas personas que se hacen pasar por clientes.

“Antes de ir a algún lugar para el servicio, en las esquinas se hace el contacto entre el trabajador y el cliente, y ahí se acuerda el precio, el servicio, y el tiempo. El cliente está sabiendo a qué va, cuánto le va a salir y qué va a hacer la compañera. Pero hay situaciones que pueden haber sido engañadas las trabajadoras. Pero esto, uno se expone al trabajo. Ojalá pudiéramos elegir estar en otro lugar más privado y seguro. Estaríamos mejor”, señaló.

En este sentido, aseguró que el trabajo en la clandestinidad “nos lleva a que nos arriesguemos a que nos pasen hechos de violencia. y recordó el caso de Xiomara, la chica trans que el año pasado fue golpeada, violada y abandonada en un descampado de Santa Lucía por dos sujetos que se hicieron pasar por clientes.

“Queremos que nos den un marco legal como corresponde y que podamos elegir dónde, cuándo y en qué momento ejercer y no que nos veamos expuestas en la vía pública”, concluyó.