El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) tiene la facultad de quitarles la casa a los adjudicatarios que no cumplen con sus obligaciones, como el pago de las cuotas, la ocupación efectiva y el mantenimiento del grupo familiar original. Esta acción se llama revocación. Según explicó Daniela Cangialosi, subdirectora del organismo, "en cualquiera de todos estos casos se puede revocar, es lo que prevé la ley, eso significa quitar el derecho que originalmente se le dio cuando se le adjudicó"

Durante el 2022, el IPV emitió más de 200 resoluciones de revocación, pero no todas quedaron firmes, ya que los afectados pueden hacer presentaciones para revertir la situación. Según los datos oficiales, casi 100 adjudicatarios lograron recuperar sus derechos sobre la vivienda el año pasado. La funcionaria aclaro que, "las familias pueden, por ejemplo, pagar si debían y en ese caso se le pueden restituir derechos, pueden explicar alguna razón, digamos, atendible del porqué está viviendo otro grupo familiar o demás, y también podrían restituirse los derechos".

En los casos en que la revocación se confirma, el IPV puede optar por readjudicar la vivienda al grupo familiar que la habita, previa evaluación social y financiera, o bien enviar el expediente a Fiscalía para continuar el reclamo por la vía judicial. En 2022, más de 30 viviendas fueron asignadas a nuevas familias por esta vía, informó el Ministerio de Obras de San Juan. La subdirectora detalló sobre este procedimiento que "En caso de que sí quedara firme esa revocación, o sea, que no hubiera ninguna presentación al respecto, ahí el IPV puede, por ejemplo, si hay un nuevo grupo familiar, evaluar ese grupo familiar, si también cumple con los requisitos y demás. En ese caso, podría decidir adjudicarle a esa familia que vive, o podría ser a otra, en cuyo caso igualmente se hace una tasación y se definen nuevas condiciones financieras. Y si es por falta de pago, el pago que sigue, una vez que está revocada y esa revocación queda firme, es enviar a Fiscalía de Estado, porque ahí intervienen ellos con las familias para poder arreglar de alguna manera esa deuda o accionar a través de la Justicia", finalizó.

En lo que va del primer semestre de 2023, el IPV lleva firmadas más de 50 resoluciones de revocación.