Los gremios docentes criticaron al Congreso: 'La educación es un derecho, no un servicio'

El Congreso sancionó una ley que ha generado un intenso debate en el ámbito educativo. La normativa, que establece la obligación de mantener abiertos los establecimientos educativos a pesar de cualquier tipo de paritaria. Esto fue criticado por Daniel Quiroga, representante de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET). Para Quiroga, de acuerdo con lo que dio a conocer en Cien por Hora, esta ley representa un grave error al tratar la educación como un servicio y no como un derecho fundamental, tal como lo establece la Constitución Nacional.

"Es un servicio esencial," argumentan los defensores de la ley. Sin embargo, Quiroga y otros miembros de AMET consideran que esta postura es errónea y contraria a la naturaleza de la educación en el mundo. “La educación es un derecho, no un servicio. El Estado tiene la obligación de garantizar este derecho, y no puede ser supeditado a una ley que vulnera la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos”, expresó Quiroga.

La preocupación de los educadores va más allá de la cuestión semántica. Según Quiroga, esta ley no solo contraviene la Constitución, sino que también se opone a los fallos de organismos internacionales, como bien explicó la diputada Stolbizer en el Congreso. “Podríamos enfrentarnos a sanciones internacionales si se sigue adelante con este proyecto”, advirtió el representante de AMET.

El eje de la polémica radica en la desvalorización del trabajo docente. En lugar de promover una ley que asegure un salario digno, la nueva normativa parece priorizar la continuidad de las clases sin importar las condiciones laborales de los maestros. "Los docentes queremos que nuestros hijos reciban una buena educación, pero también necesitamos salarios que nos permitan mantener a nuestras familias", enfatizó Quiroga, refiriéndose a la lucha constante por un salario justo, que históricamente ha sido insuficiente.

Según Quiroga, esta normativa se contrapone a otras leyes laborales y no tiene fundamento constitucional. "Si se considera esencial, deberían establecerse guardias mínimas, como en los hospitales, pero la educación no debería llegar a este punto porque la responsabilidad recae en el Estado", argumentó.

Con más de un millón de niños en situación de vulnerabilidad, la falta de políticas efectivas agrava la problemática de la deserción escolar. “Los docentes no tienen por qué organizar una copa de leche; esa debería ser una función de personal especializado”, afirmó Quiroga. Además, resaltó que la ley propone que el 30% del personal permanezca en las instituciones durante las huelgas, una medida que, según él, viola el derecho a la protesta.

La ley, de ser aprobada, terminará en la Corte Suprema de Justicia, que ya ha fallado en contra de normativas similares en el pasado. "Esto se va a judicializar, y no prosperará", concluyó Quiroga, dejando claro que la lucha por una educación digna y justa continúa.

La Unión Docentes Argentinos (UDA) en San Juan también hizo escuchar su voz. Karina Navarro,  expresó su profundo descontento con la medida, destacando que es especialmente doloroso que en la tierra de Sarmiento se intente degradar la educación a la categoría de un servicio.

"Es lamentable que en San Juan, cuna de la educación, esta se transforme en un simple servicio, rotulado por conveniencia como esencial, violando tanto la Constitución como la Ley de Educación Nacional," señaló Navarro.

La dirigente gremial fue enfática al afirmar que los únicos responsables de la pérdida de este derecho fundamental son los representantes que impulsan esta legislación. Desde la UDA, al igual que otros gremios, se ha difundido un comunicado en el que expresan su profundo rechazo a la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados al proyecto que busca declarar la educación como un "servicio estratégico esencial".

"Aceptar esta declaración significaría rebajar la educación de la categoría de derecho a la de un servicio," remarcaron. Asimismo, advirtieron que esto implica olvidar que tanto el derecho a la educación como el derecho a la huelga están consagrados en la Constitución Nacional, y ambos deben ser respetados y garantizados.

"El proyecto no solo busca impedir o limitar el derecho a huelga, sino también presionar para que las escuelas se mantengan abiertas a cualquier costo, sin importar las condiciones mínimas de seguridad e higiene," advirtieron.