Los huarpes buscan frenar el DNU de Milei: 'Cualquier empresa puede comprar las tierras'

Recientemente desde la comunidad huarpe Clara Rosa Guakinchay, presentaron un amparo ante la Justicia, con el objetivo de ponerle freno a un apartado del DNU que firmó Javier Milei. Se trata de la eliminación de la Ley de Tierras, la cual le ponía un freno a la compra de suelo argentino por parte de empresas extranjeras. Debido a esto existe una real preocupación debido a que existe la posibilidad de que una compañía adquiera las tierras que ellos están ocupando legítimamente.

Javier Alamino, el abogado que representa a este conjunto de indígenas que se encuentran situados en el departamento 25 de Mayo, le explicó a Diario 13 donde radica la preocupación de sus clientes. Esto se debe a la derogación de la Ley Nacional 26.737 dentro del Decreto de Necesidad y Urgencia que presentó el presidente de la República Argentina hace semanas.

'El punto central es que el DNU elimina la denominada Ley de Tierras. Esa normativa de alguna manera afecta a las comunidades indígenas porque ponía un límite a la extranjerización de la tierra. Establecía que no puede adquirirse más del 15% del territorio nacional por parte de empresas o personas físicas extranjeras. Ese porcentaje se aplica a nivel nacional, en cada provincia y en cada municipio', explicó.

El letrado aseguró que al eliminar este límite, se le abren las puertas a miles de compañías a que adquieran parte del suelo argentino si lo desean. Esto podría reavivar viejos conflictos que han tenido no sólo los huarpes, sino otras comunidades indígenas con empresas de diferentes nacionalidades que querían adquirir sus tierras.

'Las comunidades si bien ocupan territorio indígena contando con múltiples tratados internacionales que los protegen, al mismo tiempo muchas de ellas no tienen escritura. El planteo es que no había ninguna necesidad o urgencia en eliminar esta ley. De hecho si uno lee los 'considerando' del decreto, el argumento para eliminar esta ley tiene menos de un renglón. Dicen que esta ley obstaculiza o entorpece las inversiones extranjeras, pero ni siquiera se explica como', manifestó.

En ese mismo sentido, Alamino recalcó que la ley que se derogó establecía el límite en un 15%. Sin embargo, previo a su eliminación sólo aproximadamente el 6% del territorio argentino estaba en manos extranjeras. De esta manera, no había una real urgencia o necesidad de quitar ese límite que ya estaba impuesto.

'Se ha pedido una cautelar junto a la demanda, para que mientras se tramita el amparo, se suspendan los efectos del artículo 156 del DNU que sigue vigente. Sólo se ha suspendido la parte laboral por el amparo que presentó la CGT pero el resto está produciendo efectos. Si viene una o más empresas a comprar territorios, incluso superando el 15%, todo sería válido ya que el DNU esté vigente. Por más que se anule más adelante, esa venta se produjo cuando era válido. Los indígenas serían desalojados', sentenció.

Este amparo fue presentado en el Juzgado Federal N°2, cuando actualmente el Poder Judicial se encuentra en feria. En ese sentido, el abogado manifestó que si bien las autoridades no tienen un plazo para responder, él espera que esto se de la próxima semana. Sobre todo su interés es que contesten a su pedido de habilitación de feria y sobre todo si hacen lugar a la cautelar que pidieron para suspender esta eliminación de la Ley de Tierras hasta que se trate el amparo.