La investigación iniciada por el fiscal federal porteño Guillermo Marijuan sobre irregularidades en el extinto plan Potenciar Trabajo ha revelado ramificaciones en diversas provincias, incluida San Juan. Parte de esta causa, con impacto local, ha sido transferida a la Fiscalía Federal de San Juan, dirigida por Francisco Maldonado. El fiscal solicitó al juez Leopoldo Rago Gallo que inicie una investigación contra 119 personas que recibían los beneficios del programa social mientras percibían simultáneamente una remuneración del Estado provincial durante la gestión anterior.

Además de esta solicitud, Maldonado pidió las indagatorias de los implicados, lo cual implica que el juez y su equipo ya están planificando las audiencias. Estas indagatorias serán clave para decidir si la investigación avanza con todos los involucrados o solo con una parte de ellos.

Paralelamente, el letrado bonaerense también instó a investigar unas cinco denuncias contra movimientos sociales y piqueteros. Según estas denuncias anónimas, realizadas a través de una línea telefónica habilitada por el Gobierno nacional, los dirigentes de estos movimientos amenazaban a los beneficiarios del plan social con quitarles el beneficio si no asistían a marchas o protestas. La identificación de los sospechosos es ahora una prioridad para el Juzgado Federal N°2, según informaron fuentes judiciales.

El Potenciar Trabajo, creado en marzo de 2020 bajo la presidencia de Alberto Fernández, unificó dos iniciativas de la administración de Mauricio Macri. Este plan tenía como objetivo la inserción laboral, el desarrollo de proyectos productivos y comunitarios, la capacitación en oficios y la finalización de estudios primarios o secundarios por parte de los beneficiarios, quienes cobraban el 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

Una de las principales incompatibilidades del Potenciar Trabajo, según la normativa, es que los inscritos no deben tener empleo formal registrado, excepto trabajadores temporarios o estacionales según decretos nacionales. La investigación sugiere que, en San Juan, los beneficiarios del plan habrían estado recibiendo un salario del gobierno provincial durante la gestión de Sergio Uñac, lo que los calificaría como empleados públicos, según explicaron las fuentes judiciales.

El expediente llegó a San Juan a finales de marzo, pero la causa local se dio a conocer públicamente recién ayer. Los sospechosos totalizan 119 personas. Ahora, la Justicia Federal debe determinar cómo fue posible que los controles no detectaran que los beneficiarios recibían simultáneamente un salario estatal. Además, deben investigar la cadena de responsabilidades de funcionarios y empleados.

En febrero de 2023, la entonces ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, informó que San Juan tenía 19.800 beneficiarios del Potenciar Trabajo. El plan era distribuido por la administración central a las unidades de gestión, que incluían provincias, municipios y organizaciones sociales. En ese momento, San Juan contaba con 4.117 beneficiarios directos, mientras que el resto estaba distribuido entre movimientos sociales.

En este contexto, la Justicia Federal también verificará a qué unidad de gestión pertenecían los implicados. Como medidas preliminares, el fiscal Maldonado y el juez Rago Gallo ordenaron la suspensión del pago del Potenciar Trabajo y el bloqueo de las cuentas de los beneficiarios registrados en el Banco Nación.

El actual presidente, el libertario Javier Milei, ha dado de baja al Potenciar Trabajo, apostando por el lanzamiento de dos nuevos planes: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.

Con información de 0264 noticias.