El gobernador Sergio Uñac tomó una serie de medidas en torno a la cuarentena obligatoria y la emergencia sanitaria por el Coronavirus, que fueron comunicadas oficialmente por el asesor letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo, este viernes al mediodía. Entre ellas aparece la orden a Energía San Juan para que se abstenga de cortes de servicio a usuarios morosos.

Según dijo Lorenzo, Uñac firmó la ley de necesidad y urgencia 2039-A para abstenerse del corte de servicios en caso de mora o falta de pago de diferentes modalidades, internet, telefonía celular, telefonía fija, gas, agua, y también energía eléctrica. Fue en adhesión a un decreto del presidente Alberto Fernández, al cual escapaba Energía San Juan por tratarse de una distribuidora regulada por la provincia.

"En relación al servicio de energía eléctrica, con la particularidad de que la prestación es de una empresa provincial, se ha tomado la decisión para que la autoridad de aplicación establezca las particularidades", dijo el asesor letrado. De este modo, quedará en manos del EPRE establecer en qué casos no podrá cortar la luz la empresa.

A nivel nacional el decreto presidencial incluyó a personas o grupos familiares cuyos ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles, además de instituciones de salud privada, o comedores comunitarios, entre otros.

También la provincia ha tomado la decisión de adherir al decreto nacional que preveía trasladar el feriado del día 2 de abril al 31 de marzo, por única vez. Además está el feriado provincial por el día de los empleados públicos.

Lorenzo confirmó que Uñac acordó con sus ministros del gabinete "donar el 30 por ciento de sus haberes" para destinar esos recursos a la emergencia sanitaria, quedando exceptuadas las carteras de Salud, Desarrollo Humano y Seguridad, atento a que son áreas que tienen una sobrecarga de responsabilidad en cuarentena.

Finalmente, el asesor letrado anticipó que el gobernador ordenó tener los instrumentos legales preparados, para adherir a la ley que congele los alquileres y suspenda las ejecuciones y desalojos por 180 días, en los términos del proyecto que impulsa el presidente Fernández en el Congreso de la Nación.