El represor Jorge Antonio Olivera le pidió oficialmente al Tribunal Oral Federal de San Juan que le permita ir a pasar las fiestas de fin de año a Campo de Mayo. Y ahora los jueces deberán responderle el próximo lunes si lo autorizan o no. El planteo dejó helados a varios de los integrantes del segundo megajuicio de lesa humanidad que se realiza en el Rectorado por crímenes cometidos en San Juan en la última dictadura cívico militar: inmediatamente a todos se les vino a la memoria la escandalosa fuga que el Jefe de Inteligencia protagonizó junto a Gustavo de Marchi en julio de 2013, a solos unos días de que ambos habían sido condenados a prisión perpetua y a 25 años de prisión, respectivamente, en el primer megajuicio.

A la justicia le llevó cuatro años atrapar a Olivera. Eso fue en enero de 2017. Estaba en el baúl de un auto en la casa en la que se ocultaba. Cayó por escuchas telefónicas. Se fugó con la colaboración de su mujer, quien le había sacado turnos en el Hospital Militar Central ubicado en Palermo, Capital Federal. La actuación del personal del Servicio Penitenciario Federal fue por demás cómplice: el caso terminó con el descabezamiento de la cúpula de esa fuerza y con varios funcionarios procesados.

Olivera y De Marchi se escaparon caminando, sin ejercer violencia, de ese hospital militar. Por lo tanto, ni siquiera cometieron delito al fugarse. Se supone que todos esos antecedentes serán tenidos en cuenta por el Tribunal Oral Federal de San Juan a la hora de evaluar si le permiten al represor ir a Campo de Mayo para pasar las fiestas de fin de año, bajo el pretexto de que allí tiene más cerca a sus familiares.

(Fuente: Tiempo de San Juan).