La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) oficializó la implementación de un baremo médico destinado a la evaluación del grado de invalidez laboral en el marco de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral. La medida, formalizada mediante una resolución firmada por el director ejecutivo del organismo, Diego Orlando Spagnuolo, busca garantizar transparencia y unificación de criterios en la asignación de estas prestaciones.

El nuevo baremo se aplicará a los trámites de pensión que se inicien tras la entrada en vigencia de la resolución y a las auditorías de casos previamente evaluados. De acuerdo con el Decreto N° 843/24, se considera incapacidad total una disminución igual o superior al 66% de la capacidad laborativa, lo cual debe ser acreditado con un Certificado Médico Oficial (CMO) respaldado por documentación específica.

El certificado, que será obligatorio para iniciar el trámite, deberá detallar las patologías, el grado de incapacidad, y las condiciones socioeconómicas del solicitante. Este documento será emitido por profesionales médicos de establecimientos oficiales o de la Andis, que además definirá su formato y modalidad de confección.

Clasificación de dictámenes

La resolución establece categorías para los dictámenes médicos según el grado de invalidez:

  • Siempre favorable: Incapacidad suficiente para otorgar la pensión sin considerar factores socioeconómicos.
  • Evaluable: Requiere mayor análisis, considerando factores como condiciones médicas, socioeconómicas y otras patologías documentadas.
  • Incapacidad baja: Aunque existe algún grado de incapacidad, no alcanza el 66% requerido para acceder a la pensión.
  • Sin incapacidad: Patologías presentes, pero sin impacto en la capacidad laborativa.

Implementación y objetivos

La Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas será la encargada de poner en marcha el baremo, capacitar al personal involucrado y asegurar su correcta ejecución.

Con este nuevo sistema, el objetivo de la Andis es establecer lineamientos claros y objetivos que consideren no solo las condiciones de salud y las causas de invalidez, sino también el contexto socioeconómico de cada solicitante. Esto busca garantizar un enfoque más equitativo y eficiente en la distribución de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.