(TÉLAM) El gobierno nacional le pidió hoy al juez neoyorquino Thomas Griesa que reponga la medida cautelar (stay) que permita el pago a los bonistas con títulos reestructurados e iniciar a la vez, un proceso de negociación con los denominados fondos buitre que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.

Así lo anunció el ministro de Economía, Axel Kicillof, durante una conferencia de prensa brindada esta tarde en el Palacio de Hacienda, en el que brindó de manera general detalles de la carta que los abogados que representan al país presentaron al juez Griesa.

"Es esencial que el juez otorgue esta medida para que la Argentina pueda continuar pagando a sus bonistas de la reestructuración normalmente, y de este modo llevar adelante un diálogo que nosotros necesitamos que sea en condiciones equitativas para el 100% de los acreedores", dijo Kicillof al realizar el anuncio.

El funcionario detalló que el pedido de reposición hace foco en la  medida cautelar (stay, en la jerga jurídica) dictada en su momento por la Corte de Apelaciones de Nueva York en torno a la sentencia de pago a los acreedores.

Esta cautelar cayó la semana pasada, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara tratar la apelación presentada por Argentina.

Si el juez Griesa da su visto bueno al pedido, el gobierno argentino podrá pagar el próximo 30 de junio un vencimiento por 900 millones de dólares correspondientes a intereses con bonistas que ingresaron al canje sin riesgo de que la Justicia de Nueva York embargue ese monto para dar cumplimiento a la decisión tomada inicialmente por el juez de primera instancia.

El documento presentado a Griesa destaca que Argentina "respetuosamente solicita una medida suspensiva ("stay") de los Amended Injunctions [medidas cautelares] que le permita entablar conversaciones con los demandantes en un plazo de tiempo razonable para este tipo de negociaciones".

Argentina "no está en condiciones de pagar a los demandantes en su totalidad, ni de pagar la totalidad a algunos acreedores y no a otros", destaca la carta enviada a Griesa y distribuida a la prensa. 

La misiva no hace alusión al término fondos buitre y utiliza el génerico "holdouts" para referirse a quienes litigaron contra Argentina.

El escrito advierte que lo que el país debe abonar a los holdouts comprendidos en el fallo ronda los 15.000 millones de dólares, cifra que  "excede la mitad de las reservas del país", que son en la actualidad de 28.000 millones. 

"Ningún país puede utilizar la mitad de sus reservas para hacer un pago y ser dejado sin medios para administrar su moneda, manejar su economía, incluyendo atender las necesidades de su población", agrega la nota.

Sin que se pudiera confirmar alguna relación con el pedido formulado por Argentina, en Nueva York el juez Griesa nombró hoy al abogado Daniel Pollack, para mediar en las negociaciones que se llevarán adelante entre Argentina y los acreedores que no entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010.

La tarea de Pollack -un abogado neoyorquino- consistirá en "conducir y presidir las negociaciones para un acuerdo entre las partes de este litigio", señaló Griesa en una orden emitida hoy, según precisa un cable de la agencia EFE.

El juez determinó que Pollack podrá llevar adelante esas negociaciones "públicamente o a puerta cerrada, total o parcialmente", y que también podrá consultar con las partes por separado según lo considere necesario.

La decisión ejecutada hoy por los abogados que representan a Argentina ante la justicia estadounidense fue anticipada el viernes pasado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando anunció su decisión de cumplir con la totalidad de los acreedores del país.

En el escrito presentado hoy a Griesa se recuerda que "recientemente, la República ha resuelto con éxito importantes disputas" como la que mantenía con Repsol S.A. por la expropiación del 51% de las acciones de YPF S.A. ante el CIADI por la suma de 10.000 millones de dólares, y con las naciones miembro del Club de Paris por 9.700 millones de dólares, con los titulares de laudos CIADI.

"Estos recientes acuerdos -que fueron producto de extensas negociaciones y se concretaron en condiciones de cumplimiento posible para la República, con quitas, extensión de plazos y/o reducción de tasas, constituyen grandes avances que reflejan el foco de Argentina con respecto a la salida de la crisis de 2001 y la normalización de las relaciones con sus acreedores. Todos estos acuerdos fueron voluntarios y por tanto equitativos para las partes", concluye la nota presentada ante el juzgado por el abogado Carmine Bocuzzi Jr.