La Justicia Federal Argentina informó acerca de un terrible hecho delictivo con grandes escalas. Se trata de un posible negocio ilícito de carácter transnacional, que implica la explotación de mujeres gestantes a través de la subrogación de vientres y la posterior comercialización de los niños nacidos mediante este método. El caso, que se originó en enero tras una denuncia del Consulado de Argentina en Bonn, Alemania, involucra a centros de fertilidad y diversos intermediarios en Argentina. Se sospecha que estas prácticas explotaban a mujeres en situación de vulnerabilidad y lucraban con la venta de los bebés.

La fiscalía, encabezada por María Alejandra Mángano y con el apoyo de la PROTEX, solicitó a la jueza María Eugenia Capuchetti una serie de allanamientos en centros médicos, escribanías y estudios jurídicos en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Estos procedimientos se llevaron a cabo para incautar historias clínicas, legajos administrativos y consentimientos notariales. En total, se allanaron cuatro centros de fertilidad en la Capital Federal y dos en Rosario, además de siete escribanías donde las gestantes firmaban los consentimientos para el proceso de subrogación.

El caso se complica con la revelación de que, en muchos de los 147 legajos de subrogación revisados por la justicia, los comitentes (padres que buscan tener un hijo) eran personas extranjeras, algunas sin ningún vínculo genético con los bebés, y residían fuera del país. Tampoco se acreditó un vínculo afectivo con las gestantes, lo que sugiere que las prácticas fueron realizadas a través de intermediarios, quienes lucraban económicamente con estas situaciones. No hubo intervención judicial para autorizar los procedimientos o establecer la filiación de los niños, lo que despierta aún más sospechas.

La investigación reveló un esquema de explotación de mujeres gestantes, quienes eran reclutadas a través de redes sociales y ofrecidas como portadoras por sumas cercanas a los USD 10.000. Las empresas responsables también ofrecían un "plus" por cesáreas, y en caso de que el embarazo se interrumpiera, las mujeres recibían pagos mínimos, dejando en evidencia la explotación económica de estas mujeres. Los investigadores también apuntaron a un "Programa Argentina", publicitado en el extranjero, que ofrecía el proceso completo de subrogación por aproximadamente USD 50.000, dirigido a parejas que no podían concebir por vías naturales.

Este esquema de explotación generó indignación, ya que las mujeres eran tratadas como instrumentos de negocio, sin consideración por las consecuencias físicas y emocionales que estos procesos les podrían causar. La fiscalía sigue investigando, buscando establecer el rol de los intermediarios y profundizar en los casos de subrogación vinculados a comitentes extranjeros, en un intento por desmantelar esta red que no solo afecta a mujeres en situaciones vulnerables, sino que también involucra el tráfico y comercialización de niños.