Una investigación judicial se inició en la provincia de Salta tras la denuncia de la presunta venta de una beba recién nacida a una ciudad de Bolivia. El caso ya tiene tres imputados: dos hermanos, un hombre y una mujer, quienes fueron detenidos, y la madre de la menor, que luego fue liberada.

La acusación fue promovida por la fiscal interina de la Sede Descentralizada de Orán, María del Carmen Núñez, y aceptada por el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya. Ambos consideraron que los hechos relatados encuadran en el delito de "supresión de estado civil".

El caso se conoció gracias a la denuncia realizada por Karina Segovia, gerente de Atención de las Personas del hospital San Vicente de Paul en Orán, quien advirtió la desaparición de la recién nacida. Segovia informó que la madre ingresó al hospital el 4 de agosto para dar a luz por cesárea. Luego de dos días, madre e hija fueron dadas de alta. Sin embargo, se instruyó a un agente sanitario a visitar a la mujer en su hogar para controlar su estado postoperatorio y el de la bebé.

El 7 de agosto, la agente de salud se presentó en la finca Abra El Sol, en el paraje El Sauzalito, donde se encontró solo con la madre, quien afirmó que la beba estaba internada en el hospital. Al verificar esta información con el centro de salud, se descubrió que la niña no se encontraba allí, lo que encendió las alarmas y motivó la intervención policial. Más tarde, la madre de la imputada confirmó que la bebé nunca había llegado a la vivienda.

En el curso de la investigación, se detectó que la madre de la menor había registrado un segundo domicilio al ser dada de alta, ubicado en el barrio 30 Viviendas de la localidad fronteriza de Aguas Blancas. Al acudir al lugar, la policía no encontró a nadie, lo que complicó aún más la situación.

No fue hasta el sábado siguiente cuando la policía logró localizar al hombre imputado, quien contactó a su hermana, también implicada en el caso y residente en la ciudad boliviana de Bermejo. La mujer decidió presentarse en la comisaría de Aguas Blancas y entregó a la beba, que fue examinada por personal de salud y puesta bajo la tutela de la Secretaría de la Niñez.

Tras su detención, los acusados optaron por declarar. La madre de la bebé afirmó que conocía al hombre implicado, quien era un amigo de su difunto padre. Según su testimonio, el hombre se ofreció a ayudarla después de que su propia madre la amenazara porque no quería otro hijo en la casa. Ante esta situación, el segundo imputado pidió a su hermana que se hiciera cargo de la pequeña.

Ambos hermanos sostienen que actuaron de buena fe y que su intención era realizar los trámites legales necesarios para adoptar a la recién nacida. La fiscal Núñez solicitó el secuestro y pericia de los celulares de los tres imputados, así como la prisión preventiva para los hermanos debido al riesgo de fuga, dado que residen cerca de la frontera. Además, pidió una restricción de acercamiento para la madre.

El juez Montoya, por su parte, destacó la gravedad del hecho e hizo hincapié en la necesidad de una investigación exhaustiva. "Acá está en juego lo que podría ser una red internacional de trata, entonces en este sentido voy a disponer la medida de coerción más grave", señaló el magistrado.