Este viernes, la fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual pidió 25 años de prisión para la monja Kosaka Kumiko y 10 de inhabilitación para ejercer cargos en albergues educativos donde asistan menores, en el marco de la causa que investiga los abusos sexuales que salieron a la luz en noviembre de 2016 en el Instituto Próvolo de Mendoza, informaron fuentes judiciales.

De esa manera lo solicitó, el jefe de fiscales Alejandro Iturbide, al alegar ante el Tribunal compuesto por la jueza Gabriela Urciuolo; Belén Salido y Belén Renna, en el Polo Penal Judicial, en el tercer juicio por estos hechos para determinar la responsabilidad de la monja.

El fiscal considera que la pena que le corresponde a la monja son 25 años, debido que la considera autora de los delitos de “abuso sexual simple doblemente agravado, porque es quien debía salvaguardar la integridad de los menores y además es ministro de culto. También se la imputa por participación primaria en abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda; corrupción de menores agravada”, según informó a Télam el abogado de la querella, Oscar Barrera.

 “Además -agregó- la fiscalía pidió 10 años de inhabilitación para ejercer cargos en toda institución y albergue que tenga el control el Estado en materia educación de menores”.

Cabe destacar, que en este tercer debate, se contuvieron las tres causas acumuladas contra la monja, por lo que habrá un alegato por cada una de ellas: en dos de los expedientes la única imputada es Kumiko Kosaka, quien recuperó la libertad en junio de 2022 y cuenta con prisión domiciliaria.

En tanto en la restante hay ocho: Graciela Pascual Ivars (65); Asunción Martínez (53); Gladys Edith Pinacca Andrade (66); Cristina Fabiana Leguiza Funes (50); Valeska Elizabeth Quintana Valenzuela (48); Laura Alejandra Gaetan Sicardi (60); Cecilia Alejandra Raffo Andreotti (43) y Noemí del Carmen Paz Torrez (63).

Sobre el alegato de cierre por parte de la Fiscalía, Barrera resaltó “el trabajo impecable, muy difícil, de recopilación de todas las pruebas de cargos de una causa de casi tres años de duración de debate, un trabajo con perspectiva de género y con perspectiva de discapacidad”.

Luego de finalizar el encuentro, el Tribunal llamó a un cuarto intermedio hasta el lunes 22, con los alegatos de cierre por parte de la querella y luego será el turno de los abogados de Kumiko.

Vale decir, que el primer juicio fue un abreviado, el 25 de septiembre de 2018, en el cual el monaguillo Jorge Bordón y exempleado administrativo en el Instituto confesó la autoría de los hechos y recibió una pena de 10 años de prisión.

Por otra parte, el segundo, el 25 de noviembre de 2019, fue el que condenó a los curas Nicolás Bruno Corradi a 42 años de prisión y Horacio Corbacho Blanc a una pena de 45, mientras que el jardinero Armando Ramón Gómez recibió 18 años de prisión.

El proceso judicial, inició cuando en noviembre de 2016 salieron a la luz casos de abusos en el Instituto Antonio Próvolo, en la localidad mendocina de Lujan de Cuyo, lo que derivó en el cierre del predio y una megacausa que condenó a 14 personas, entre ellas dos curas y dos monjas, por los hechos que conmocionaron a la opinión pública.