El presidente Javier Milei detalló en diálogo con un medio bonaerense que se encuentra evaluando la posibilidad de establecer dos reformas clave a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU) en caso de que estas no sean aprobadas en el Senado.

Según las fuentes, se trataría de las reformas en cuestión del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y las modificaciones en la regulación de la explotación de hidrocarburos, incluidas en el capítulo VI (Energía) de la Ley Bases y del paquete fiscal.

El objetivo principal de Milei es crear un marco legal y normativo que desregule la economía, promoviendo así un ambiente más favorable para las inversiones. La Casa Rosada reconoce que la implementación de estas reformas por decreto podría provocar intervenciones judiciales, pero consideran que es crucial “darle lugar a las inversiones”.

El RIGI tiene como propósito ofrecer beneficios tributarios y cambiarios a las empresas que realicen inversiones mínimas de U$S200 millones. Este régimen propone una alícuota del 25% en Ganancias, exenciones de derechos de importación para bienes de capital y repuestos, así como exenciones de derechos de exportación tras tres años de adhesión. Además, permite que las empresas no estén obligadas a ingresar o liquidar divisas en el mercado de cambios después de tres años.

La reforma en el sector de hidrocarburos busca eliminar la intervención gubernamental en la fijación de precios de comercialización en el mercado interno. También permite que los concesionarios exporten libremente, siempre que no haya objeciones por parte de la Secretaría de Energía. Asimismo, los titulares de permisos de exploración deberán pagar anualmente y por adelantado un canon basado en el precio promedio del barril de petróleo ‘ICE Brent Primera Línea’.

El Gobierno enfrentó diversas dificultades para obtener el dictamen de comisión necesario para avanzar con estas reformas en la Cámara Alta. La distribución de integrantes en las comisiones no favorece al Ejecutivo, complicando el proceso de aprobación. A pesar de estar abiertos al diálogo con los bloques aliados y dispuestos a realizar modificaciones en la Ley Bases, el Gobierno rechaza la idea de "vaciarla de contenido".

“Si no quieren aprobar las leyes, vamos a gobernar con lo que tenemos hasta 2025. No es lo que queremos, pero lo deciden los senadores. Vamos a ver quiénes renuevan banca en 2025,” expresó una fuente del Ejecutivo.