A partir del 1° de diciembre, el gobierno nacional pondrá en marcha el Sistema de Evaluación Pública (SEP) para evaluar a 40.000 empleados públicos cuyos contratos finalizan a fin de año. La medida, implementada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, busca medir competencias en comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y administración pública.  

La prueba, denominada Evaluación General de Conocimientos y Competencias, será obligatoria para continuar trabajando en la Administración Pública Nacional (APN). Se realizará de manera presencial, con preguntas de opción múltiple, y tendrá una duración de una hora. Cada empleado podrá rendirla hasta tres veces en caso de no aprobar, solicitando turnos para cada intento.  

El sistema garantizará transparencia a través de usuarios y contraseñas personalizados, evitando subjetividades. Habrá tres modalidades de pruebas orientadas a los niveles de Servicios Generales, Administrativos y Profesionales.  

Los contenidos incluirán:  

- Comprensión lectora: ejercicios para los tres niveles.  
- Razonamiento lógico-matemático: cálculos básicos, probabilidades y análisis de gráficos.  
- Administración pública: normativas como el Código Electoral, la Ley de Ética Pública y el procedimiento administrativo.  

Ejemplos de preguntas mencionadas incluyen: “¿Cuál es el mecanismo para reformar la Constitución Nacional?” o “¿Qué es un voto recurrido según el Código Electoral Argentino?”.  

La medida se sustenta en el Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.  

Fases de implementación  

El SEP comenzará con una primera etapa que abarcará a los trabajadores de jurisdicciones del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Aunque el objetivo inicial era completar las evaluaciones en diciembre, se extenderán a enero debido a la cantidad de participantes.  

La implementación de los exámenes generó rechazo en los gremios. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, criticó la medida calificándola de “estigmatizante” y afirmó que se encuentra “fuera de cualquier marco legal”. Según Aguiar, las tareas diarias realizadas por los estatales son prueba suficiente de idoneidad.  

Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) adoptó un enfoque más pragmático, recomendando a los empleados estudiar las guías orientativas disponibles en la página oficial del SEP. Delegados del gremio comenzaron a asesorar a sus afiliados para afrontar el proceso.  

La plataforma oficial ofrece una guía con 20 preguntas modelo que abarcan las tres áreas evaluadas: administración pública, razonamiento lógico-matemático y comprensión lectora.  

Desde el gobierno aseguran que los exámenes no buscan achicar la planta estatal, que ya sufrió recortes significativos bajo la administración de Javier Milei. Según datos oficiales, se dieron de baja más de 30.000 contratos, aunque el presidente señaló recientemente en un podcast que el número supera los 50.000.